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La Razón

Álvaro TaiTai Vicente, Socio de Iuriscar. Abogado especializado en Derecho administrativo. Miembro de la Asociación de Abogados especializados en Responsabilidad Civil

La responsabilidad patrimonial de la Administración y las compañías de seguros

Desde su inicio IURISCAR contó con profesionales del derecho especializados en el órden administrativo que colabora activamente con las compañías aseguradoras prestando un asesoramiento profesional y especializado en el ámbito de la responsabilidad patrimonial tanto en la vía administrativa como en la contenciosa.
En la legislación española la responsabilidad de la administración se objetiviza cuando ésta interviene y actúa como un sujeto más en una relación cuyo origen pueda ser publico o privado y sea cual sea la naturaleza de la actividad.
 Esto supone que los ciudadanos o administrados que intervienen junto con la Administración en cualquier relación, tienen el derecho de reclamar a la misma su responsabilidad en los supuestos en los que, bien por ser garante de derechos o bien por intervenir en nuestra vida diaria, la actuación del ente público supone un perjuicio e nuestros bienes o derechos. Es decir, que la administración como cualquier otro sujeto responde de su forma de actuar. Este derecho de los ciudadanos está refrendado por la Constitución Española (artículo 106.2) y desarrollado legislativamente en diversas disposiciones como la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y diversas normas del ámbito administrativo como la Ley 30/92,...
 La imputación de responsabilidad a la Administración se puede observar en diferentes contextos, respondiendo de su actividad o inactividad cuando el ente público, siendo titular de un servicio, no lo mantiene en perfectas condiciones para su uso. Es el claro ejemplo de las carreteras estatales, autonómicas o locales cuando por un estado defectuoso de la calzada el usuario sufre daños bien sea en su vehículo o de carácter personal. 
 Si esta relación de Administrado-administración la extrapolamos al ámbito de los seguros, la situación se complica, sobre todo porque las Compañías Aseguradoras se encuentran con dificultades a la hora de defender los derechos de sus asegurados, frente a las propias Administraciones y quizás porque las  compañías no han mostrado el mismo interés en los procedimientos que tienen en esta jurisdicción como los litigios que se ventilan en el ámbito civil o penal.
 Ahondando en la problemática de las Compañías Aseguradoras, la decisión de resolver cuestiones de carácter privado en las instancias civiles o penales obedece quizás a una razón de ahorro de tiempo, ya que los procedimientos civiles o penales se resuelven con mayor celeridad que los procedimientos que se ventilan por los tribunales de lo contencioso-administrativo. Pero no por ello los intereses en juego que tienen las compañías aseguradoras en este último tipo de procedimientos son de menor envergadura o importancia que los anteriores. Se trata de una cuestión de falta de especialización.
 Sin embargo, esta tendencia de las aseguradoras de relativizar la importancia de los procedimientos administrativos está cambiando en los últimos años. La razón es obvia; las modificaciones legislativas que en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración se han producido últimamente y donde se señala al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, como sujetos responsables de determinadas situaciones en las que anteriormente su falta de imputación objetiva suponía para las compañías de seguros la búsqueda del responsable en una incesante peregrinación entre las diferentes jurisdicciones.
 Por tanto, la garantía de éxito en estos procedimientos contra la Administración en los que antes la falta de certeza lleva a la compañía casi a asumir el coste del siniestro sin intentar su reclamación, ha motivado que actualmente los departamentos jurídicos de las aseguradoras cuenten con profesionales especializados en esta materia tras sopesar que, a pesar de lo tedioso que resulta un procedimiento de este tipo, un resultado favorable redunda no sólo en un beneficio económico para la entidad sino también en una mejora en la calidad del servicio que ofrecen a sus asegurados.
 Desde su inicio, Iuriscar contó con profesionales del derecho especializados en materia de responsabilidad patrimonial, cuya labor ha estado siempre al servicio de compañías aseguradoras con el objetivo de poner al servicio de las compañías un asesoramiento profesional y especializado en el ámbito de la responsabilidad patrimonial tanto en la vía administrativa como en la contenciosa.
 Desde el inicio de la reclamación administrativa, una compañía debe enfrentarse a las controversias legales existentes, por citar algunas; cuál es el orden jurisdiccional al que se ha de acudir cuando, junto con la Administración, intervienen otros sujetos de naturaleza privada o la manera formal de fundar la legitimidad con la que actúa por subrogación total o parcial en los derechos de su asegurado, cuestiones que no tienen hoy una solución pacífica ni por la jurisprudencia ni por la doctrina. 
 Pero además, durante la sustanciación del proceso, primeramente en vía administrativa para en su caso acudir en la contencioso-administrativa, la aseguradora deberá tener en cuenta todas las cuestiones que se suscitan en el procedimiento previo, pues condicionará, y de qué manera, el resultado del futuro procedimiento judicial ante los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo. Cuestiones tales como la prueba solicitada en vía administrativa, adecuación a la forma exigida en este tipo de procedimientos, determinación correcta del organismo administrativo competente que debe conocer la reclamación...
 Por otro lado, y en atención a garantizar un resultado exitoso el reclamante, bien sea la compañía o el propio asegurado, deberá poseer medios de prueba contundentes que sustancien su reclamación. De ahí que sea necesario que desde el inicio de la tramitación del siniestro la compañía deberá establecer una línea de trabajo a seguir por todos los sujetos que intervienen en la tramitación del siniestro hasta el momento en que interviene el letrado en defensa de esos intereses. Es decir, el momento inicial de obtención de información, documentación y demás elementos probatorios que llevan a cabo los tramitadores debe ser guiado de algún modo para que en el momento de entregar el expediente a quien va a interponer la reclamación, ésta no se vea viciada desde el principio.
 Por todo ello, desde Iuriscar aconsejamos que debido al alto grado de especialización que este tipo de reclamaciones requieren, se acuda para las mismas a Letrados especializados en el ámbito administrativo, lo cual supone una garantía tanto para las Compañías aseguradoras como para los propios asegurados en la defensa de sus derechos e intereses.  
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