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La Razón

Entrevista a Alejandro García, Jefe de Expansión de grupo general MÉDICO JURÍDICO

"El conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos ante una incapacidad para el trabajo es prácticamente nulo"

Grupo General Médico Jurídico, único centro médico-jurídico de España especializado en prestaciones de incapacidad, se implanta más ampliamente en Madrid

“La información más adecuada para un ciudadano es hacerle saber, si tiene alguna dolencia que le impide trabajar o le han denegado una pensión por incapacidad, que puede ejercer el derecho de ir a los tribunales o, simplemente, poder consultar a la Seguridad Social para que valore su caso y determine si lo que le ocurre es transitorio o no”. Así se expresa Alejandro García, Director de Expansión de Grupo General Médico Jurídico, una empresa que ofrece defensa integral en todo el proceso a seguir, hasta la resolución o sentencia de la pensión por Incapacidad Permanente. Ubicado en las principales ciudades de España, es el único centro médico-jurídico que presta un servicio global técnico médico y jurídico en el mismo centro.

¿CUÁL ES el conocimiento por parte de los ciudadanos de sus derechos ante una incapacidad para el trabajo?
Es prácticamente nulo. Cuando un paciente acude a la Seguridad Social, los funcionarios le dicen sobre su baja que ya le llamarán; eso puede alargarse 18 meses, siempre y cuando no se haya producido un alta médica o una inspección y se interrumpan los plazos para poder presentar una pensión de invalidez. La información más adecuada para un ciudadano es hacerle saber, si tiene alguna dolencia que le impide trabajar o le han denegado una pensión por incapacidad, que puede ejercer el derecho de ir a los tribunales o, simplemente, poder consultar a la Seguridad Social para que valore su caso y determine si lo que le ocurre es transitorio o no. Cuando se trata de lesiones crónicas irreversibles que merman o anulan la capacidad para el trabajo es una situación que se debe conocer para poder pedir una protección por aquello que esa persona no puede desempeñar, una pensión por incapacidad permanente.

 -¿Es susceptible de generar derecho a una pensión de invalidez cualquier patología que implique merma de la capacidad de trabajo, o exclusivamente las derivadas de accidentes de trabajo?
En realidad hay más pensiones concedidas por enfermedad común, que es la genérica y se refiere a cualquier patología, que por accidentes de trabajo. Además, una misma patología puede ser motivo de invalidez para una persona y para otra no. Es decir, que un trabajador puede quedar impedido para desempeñar su trabajo pero puede, sin embargo, desempeñar otro. Entonces supondría invalidez permanente para esa profesión pero no para otra. Para las pensiones de incapacidad hay que valorar tres aspectos: primero, que las lesiones sean crónicas irreversibles y que mermen la capacidad para el trabajo; segundo, que esas lesiones sean valorables objetivamente; y tercero, que la profesión habitual esté interrelacionada directamente con la dificultad que tiene esa persona para trabajar.

 -¿Qué circunstancias han de concurrir para tener derecho a que la S.S. le asigne una pensión de invalidez?
 La cotización reglamentaria es la parte fundamental para tener el derecho a una pensión de invalidez. Estamos hablando de pensiones contributivas, pensiones que las personas están cotizando; una cotización adecuada a la edad del paciente; para ello se aplica una regla –que nosotros hemos reformulado a partir del texto de la Ley General de la Seguridad Social para que la gente pueda autocalcularse el tiempo, los años, que necesita de cotización- que es: la edad del paciente menos 20 dividido entre 4. Por tanto, el paciente necesita una cotización mínima –que es de 5 años cotizados- desde los 26 hasta los 40 años de edad y, a partir de los 40 años, se le aplica esa fórmula. También necesita el otro requisito, que es que esa persona tenga unas lesiones crónicas e irreversibles. Cumplidos esos requisitos y estando de baja médica, porque así lo establece el artículo 135 de la Ley, se pueden presentar oficialmente todos los expedientes y, si lo deniegan, llevarlo a juicio.

 -¿Cuáles son los servicios del Centro?
Nosotros somos el único centro médico-jurídico de España especializado en prestaciones de incapacidad. La ventaja que se tiene al acudir a nosotros es que todo el asesoramiento que ofrecemos a nivel técnico-médico y legal es totalmente gratuito. Por otro lado, somos un centro multidisciplinar, eso significa que en el mismo centro tenemos médicos, abogados, asesores. Contamos, además, con las técnicas más actualizadas e innovadoras a nivel clínico.  Hacemos pruebas de biomecánica dinámica que es la única prueba que mide el dolor, y que por su coste no entra dentro de la S.S. En definitiva, damos un servicio global e íntegro.

 -¿Cuál es el procedimiento que siguen desde el primer contacto con un paciente y hasta que obtiene la pensión?
Se hace un estudio sobre el paciente y se le comunica sobre si tiene derecho a no al trámite para la pensión de incapacidad. Habiendo este derecho, se inicia el procedimiento de invalidez, que pasa por una serie de especialistas paralelamente a la instrucción del expediente oficialmente ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la zona donde esté el cliente. Al cabo de unos meses se produce una citación en el Tribunal Médico y, a partir de allí, los médicos valoran si la persona es potencialmente tributaria de incapacidad. Pero este Tribunal Médico no hace sino un informe propuesta para la Comisión Evaluadora de Incapacidades (CEI) y en el que consta si existe o no presunción de invalidez. La CEI resuelve si le conceden la pensión o no. Hay que destacar que sólo es el 30% de los casos los que aprueba la S.S. y el 70% en tribunales. Si es denegada la pensión, la dinámica que sigue es la de la reclamación previa, hacer la demanda judicial, ir a juicio con el informe médico, con informes periciales, incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia. En definitiva, acompañar al cliente en todo el proceso hasta el final.

 -¿Y qué ocurre si le deniegan por la vía administrativa el reconocimiento de su situación de invalidez?
Se hace una reclamación previa y una posterior demanda al Juzgado de lo social para que juzgue el procedimiento y, posteriormente, en caso de sentencia que falle en contra de los intereses de la parte actora (la que interpone la demanda), se lleva al Tribunal Superior de Justicia. En ocasiones, cuando se han ganado los pleitos, la S.S. también recurre (en el 40% de los casos), aunque es muy difícil conseguir un cambio de sentencia.

-¿Estamos hablando únicamente de dolencias físicas o también de patologías mentales?
Estamos hablando de todo tipo de patología que impida realizar un trabajo.

 -Ha inaugurado recientemente sus instalaciones en Madrid. ¿Cuál es el objetivo que les ha llevado a abrir esta nueva sede y qué proyección prevén?
Nosotros hemos tenido clientes en todo el territorio nacional durante muchos años, y derivábamos a los especialistas a las diferentes comunidades para cubrir esos pleitos que iban surgiendo, todo mecanizado desde la sede central. En Madrid existe una afluencia masiva de casos. Allí ya estábamos físicamente, pero ahora tenemos una implantación más amplia, con más respaldo médico y jurídico. En Madrid hay mucha casuística: funcionarios, régimen de autónomos, gente que no sabe qué hacer ante una denegación de la S.S.

 -¿Qué servicios ofrecerán desde estas instalaciones?
Desde 1978 venimos ofreciendo este tipo de servicio, que es una lucha constante contra la administración pública, contra las gestiones incongruentes de la S.S.

 -¿Cuáles son sus proyectos de futuro en relación a la expansión geográfica de su empresa?
De hecho estamos implantados en las principales ciudades de España, pero la realidad es que cubrimos todo el territorio nacional. Por otro lado, el Derecho Administrativo, que es el que comprende el marco de las pensiones, permite que alguien presente una solicitud de invalidez en una ciudad y que lo trasladen a otra; cuentan los plazos desde la presentación, no desde la recepción del documento en la comunidad, por tanto es una gestión que se puede llevar muy bien.

 -¿Pueden atender a personas con residencia en cualquier punto de España?
Sí. Primero se valora por parte de nuestro servicio médico, y se decide si hay o no hay caso. La praxis es la misma en toda España; los asesores se trasladan a la comunidad necesaria para llevar a cabo las gestiones. La persona ha de sentirse respaldad en todo momento.

 -¿En qué se diferencian los servicios ofrecidos por GGMJ de los de otras entidades?
Nosotros estamos especializados en una sola materia, no llevamos otros procedimientos paralelos, que sería el caso de que admitiera tramitar los procedimientos de incapacidad un gestor administrativo, un abogado o un graduado social que, además, debe buscar un perito que lleve el procedimiento al juzgado. Nuestro cliente ha de saber que nuestros peritos ya han estudiado si es factible o no su petición desde el primer día. Todo el servicio conjunto lo ofrecemos desde el centro. Se lucha, se tramita y se gestiona conjuntamente.  

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GRADOS DE INVALIDEZ
Según el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), “la Incapacidad Permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará en función del porcentaje de reducción de la capacidad del trabajo del interesado”. Cualquier patología médica que merme o anule la capacidad de trabajo es susceptible de una Pensión de Invalidez.

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual
Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Incapacidad permanente total para la profesión habitual
La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran Invalidez
La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

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