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La Razón

José Antonio Saura Saura, Procurador Tribunales de Alicante

La liberación del bucle

Según publica el Instituto Nacional de Consumo en su página web, se presentaron, durante el año 2005, 127.170 consultas y reclamaciones en telefonía, que se corresponden con el 11,17% de todas las presentadas entre todos los sectores.

Jacques Delille dijo que “el arte de escribir consiste en el arte de interesar”  y lo que escribo, aunque es claro que no es un arte, sí que es posible que tenga interés, sobre todo si nos basamos en el gran número de consultas y reclamaciones presentadas en las organizaciones de Consumidores de ámbito Nacional correspondientes al año 2005.

Según publica el Instituto Nacional de Consumo en su página web, se presentaron,  durante el año 2005, 127.170 consultas y reclamaciones en telefonía,  que se corresponden con el 11,17% de todas las  presentadas entre todos los sectores.  Dicho informe destaca que “en el sector de las telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas sigue registrándose un aumento de las consultas y reclamaciones. Es más, las perspectivas futuras indican que éstas seguirán creciendo y, de forma más notoria, por lo que se refiere al ámbito del acceso a internet”.
 
Al margen de los fríos números y estadísticas  lo novedoso es que un Juzgado de Instrucción de Alicante ha admitido recientemente a trámite una denuncia por coacciones contra un operador de telefonía, sosteniendo que “ la persistencia en el cobro del servicio no prestado (...) y la obstinada negativa a liberar el bucle de la línea telefónica con la privación de un servicio esencial. (...) puede ser una actitud asimilada a las vías de hecho de que habla la Jurisprudencia, y pudiéramos estar ante alguna modalidad de las coacciones, aunque fuera en su expresión más leve de falta”.

En el mes de julio del año 2005 se contrató el servicio de ADSL con un operador de telefonía. El 12 de diciembre de 2005 se solicitó la baja en dicho servicio,  por la sencilla razón de que no funcionaba. Esta baja fue reiterada en al menos, tres ocasiones más, lo mismo que la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida. Siete meses después, no sólo no se  han devuelto las cantidades cobradas, sino que además el ADSL sigue sin funcionar, siguen facturando y lo peor del caso no han liberado el bucle, por lo que  se impide por la vía de hecho el contratar con otra operadora de telefonía.
 
Las coacciones requieren como presupuestos legales (STS 29.9.1999 y 2.2.2000):  una conducta violenta de contenido material como vis física o intimidación como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto; la finalidad perseguida, como resultado de la acción,   es impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere; intensidad suficiente para originar el resultado que se busca; intensidad dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia que tienen los verbos “impedir” o “compeler” y la ilicitud del acto desde la perspectiva de las normas referentes a la convivencia social y al orden jurídico.

A la luz de la doctrina jurisprudencial citada debe sostenerse que ocupar unilateral y conscientemente, por la vía de hecho, el bucle de una línea telefónica e impedir con ello el acceso a internet colocando un obstáculo al libre derecho de uso y explotación de esa línea telefónica, supone objetivamente y sin duda alguna, la exclusión e impedimento del ejercicio de ese derecho,  es por tanto asimilable a cambiar una cerradura o cortar un suministro (agua, luz, gas, etc.)

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1997 nos dice que los actos de violencia en las cosas pueden repercutir en la libertad de las personas para el pacífico disfrute de sus derechos, sin necesidad de amenazas ni de agresiones que constituirían actos punibles de otro tipo diferente.

La diferencia entre el delito de coacciones y la falta la viene situando la jurisprudencia en la mayor o menor transcendencia del acto de coacción, en la intensidad de la presión ejercida y en el grado de malicia del agente.  

Gabinete Jurídico Saura Martínez

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