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La Razón

Luis Usón Duch, Abogado. Economista. Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas

Balance de la Ley Concursal a los dos años de su funcionamiento

El mundo del Derecho tiene la esperanza de que esta ley será lo que sus autores dicen en la exposición de motivos; una ley útil, aplicable de forma que los ciudadanos comprendan a la primera, y resolutoria de los problemas de las empresas en crisis.

S on fechas muy apropiadas para hacer un examen a la Ley Concursal, al haberse cumplido ya dos años de su funcionamiento. Para hacerlo hay que tener en cuenta las diferentes personas y colectivos que deben opinar sobre la Ley Concursal. El mundo del Derecho tiene la esperanza de que esta ley será lo que sus autores dicen en la exposición de motivos; una ley útil, aplicable de forma que los ciudadanos comprendan y asuman a la primera; y resolutoria de los problemas de las empresas en crisis. Además, ahora, se está poniendo en marcha el macroproceso que servirá de contraste definitivo sobre su utilidad. Tenemos iniciados los dos concursos más importantes en que se podría pensar, por sus cuantías y por la cantidad de afectados, que pasa de 350.000 acreedores. Hablo de Fórum Filatélico y Afinsa. Si la Ley Concursal acierta a resolver todas las cuestiones en un plazo más bien corto habrá adquirido solvencia y prestigio. De no ser así, habrán salido a la luz todas sus carencias y todos sus defectos o inoperancias. Si tuviéramos que calificar ahora la Ley Concursal, yo le daría un aprobado alto.

La empresa en crisis tiene una doble apreciación: por un lado, que todos los problemas de un procedimiento Concursal se resuelven ante una sola autoridad decisoria: el Juzgado de lo Mercantil. Sabe que han desaparecido las actuaciones separadas y directas de otras jurisdicciones, la administrativa tributaria, la de Seguridad Social en periodo ejecutivo, y la de los Jueces de lo Social o laborales. No nos podemos olvidar de las cuestiones laborales que ahora están sometidas a los Jueces Mercantiles. Es beneficioso para el proceso de insolvencia o de dificultades transitorias y superables que todas las cuestiones se atribuyan a un solo órgano. La dispersión de jurisdicciones que hemos padecido creaba problemas continuos y era muy perjudicial para el conjunto de afectados, aunque pudiera beneficiar a un grupo determinado.
 Esto tranquiliza al empresario. Sabe que no verá su fábrica desmembrada o convertida en un desecho, a causa de reclamaciones de acreedores a quienes no alcanza la espera que regula la Ley Concursal –incluso para los acreedores hipotecarios durante un año, y le da sosiego y esperanza. Se acuerda de algunos desguaces de empresas por ejecuciones específicas de algunas de las jurisdicciones que antes he mencionado, que se producían con las leyes antiguas en algunos casos. Y respira al pensar que la legislación actual no es el rocambolesco conjunto de leyes –alguna de ellas vigente desde 1829- en que se sumían las crisis económicas acaecidas antes de esta Ley.
Y, por otra parte, le asustan las medidas que ha tomado esta Ley frente a los concursados que han dilatado la decisión de acudir al Juzgado para presentar el concurso de su empresa. En este aspecto hace bien en preocuparse. La Ley Concursal no deja sin castigo la negligencia o malicia del deudor al no tomar la decisión correcta en su momento, sino más tarde, o mucho más tarde.
Sus normas pretenden excitar a los administradores con problemas económicos para que acudan al mecanismo salvador del concurso voluntario. En este sentido debo decir que la estimulación a los empresarios –estimulación por medio de responsabilidades civiles- hasta la fecha no ha surtido efecto más que en contados casos.
 Los Jueces de lo Mercantil se quejan del lamentable retraso con que los deudores acuden a los Juzgados para intentar salvar su empresa. Gran parte de los deudores se lamentan de no haber acudido al Juzgado con sus libros al menos con seis meses o un año de antelación a la fecha en la que lo hicieron. Creen, con error, que no son serias las responsabilidades que pueden exigirse por la demora. La Ley Concursal ha querido ser didáctica cuando enseña a los deudores que los retrasos por malicia o negligencia los acabarán pagando. En el aspecto de los requisitos y documentos necesarios para que el Juzgado acepte la petición de concurso voluntario, hay que decir que son muy concretos y fáciles de cumplir. Además, si el deudor, o sus asesores, han olvidado algún requisito el Juzgado les concede un plazo para que completen el expediente. Sin embargo, hay casos en que se dejan de admitir solicitudes de concurso voluntario, pedido por el deudor porque practica una picaresca, una habilidad, una pillería. Ante el temor de que, si no presentan el concurso de acreedores, les serán exigidas responsabilidades personales –aunque se trate de sociedades anónimas o limitadas- el deudor o sus asesores piensan que todas las responsabilidades anunciadas se salvarán al presentar la solicitud de concurso. Y así lo hacen, con todos los sacramentos documentales.
 Durante los primeros tiempos, los Jueces admitían la tramitación del Concurso, nombraban los Administradores Concursales, publicaban los edictos y hacían todo lo que la Ley marcaba, pero resultaba que la deudora presentaba un Activo inapreciable y en algunos casos decía que carecía de Activo. Y el deudor o administrador de la empresa deudora descansaba. Ya había presentado el concurso y habían desaparecido las responsabilidades. Los Administradores Concursales se desesperaban sin poder localizar al representante de la empresa, carecían de apoyo para sus funciones, y se lamentaban ante el Juez que les había nombrado. Pero el deudor había salvado su responsabilidad; hasta que algunos Jueces acordaron no admitir a trámite concursos que no tuvieran Activo. Éstos son los concursos que no se admiten, a mi criterio, con toda razón.

La Administración Concursal se distingue de los anteriores Interventores Judiciales o Comisarios y Depositarios en que ahora, casi en todos los momentos en que toman alguna decisión, se preocupan en voz alta de la responsabilidad que pueden asumir. Creo que se debe a que muchos conferenciantes y ponentes han alabando la Ley Concursal, entre otras cosas, por la responsabilidad que exige a los Administradores Concursales. Y han conseguido que la responsabilidad salga a la luz continuamente.  Un Administrador Concursal que actúe de forma correcta no tiene que temer nada de las responsabilidades que determina la Ley. La valoración que la sociedad está dando a los Administradores Concursales es buena.
Los Jueces de lo Mercantil se desviven por lograr acuerdos, resoluciones justas, pacíficas y con rapidez. Emplean una diligencia inusual, una voluntad de resolver los problemas sin mayores daños, que son de elogiar; en general, una actuación en este campo que, según mi criterio, se puede calificar con un notable alto. Los Jueces de lo Mercantil han ido a esos Juzgados de forma vocacional, quizá sin tener previsto el cúmulo de trabajo que iba a invadirles; actúan con capacidad, dedicación y conocimientos suficientes. Entre todos estos Jueces hay comunicación continua para mantener criterios similares y cada caso no depende de la visión especial del Juez al que corresponde. Hay grandes problemas de personal en las plantillas; pero en la administración de justicia éste es un mal endémico.

En cuanto a los términos de los Convenios, la Ley es muy rigurosa. La espera no puede exceder los cinco años, y la reducción del crédito – “la quita”- no será mayor del 50%. La Ley dice: quien no pueda asumir, de forma previsible y verificada en lo posible, estos compromisos, que vaya al cierre, a la liquidación. ¡La cantidad de voces que se han alzado contra estas exigencias! Los que se quejan alegan que no se respeta la libre voluntad de los acreedores y del deudor, que pueden acordar por unanimidad otros pactos más favorables para la salvación de la empresa. Sólo quiero acreditar que estoy conectado a dos procedimientos que consiguieron convenio con gran mayoría, dentro de los términos de la Ley, y que han acudido a la liquidación voluntaria por no poder cumplir el convenio.

En resumen, el enfoque de todos los medios que intervenimos es favorable. Sólo hace falta que los órganos encargados de tomar decisiones sean competentes, eficaces y pongan interés en sus menesteres. 

Luis Usón Duch, consultoría concursal

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