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La Razón

Marcos García Montes, Abogado y miembro de Asociación Internacional de Abogados

El Jurado, una escuela de democracia

Desde mi más profundo convencimiento como defensor de la institución del jurado y como miembro de la Asociación pro-Jurado, pero también como jurista, una vez que han transcurrido diez años desde la promulgación de la Ley del Jurado es necesario plantearse algunas cuestiones. Lo primero es que esta institución que ha pervivido en nuestro derecho desde su primera manifestación a la constitución de Cádiz hasta su nacimiento en el año 1995 ha sufrido ataques desde todos los ámbitos: Abogados, Jueces y Magistrados,  incluso algunos elevados al Olimpo del Tribunal Supremo, medios de comunicación, etc. Sin entrar en las discusiones bizantinas respecto del mantenimiento de la figura del Jurado y la existencia o no de una tradición juradista en nuestro país que justifique la permanencia del Jurado, desechando la lucha encarnizada por la idoneidad de un tipo u otro de Jurado e incluso el juego “estadístico y noticiable” de ¿quiénes cometen más errores: los jurados o los jueces profesionales?, urge solucionar una serie de problemas. Uno de ellos, y que nos ha preocupado tanto en el ejercicio de la acusación como la defensa, es la inexistencia de protección y de responsabilidad de los jurados. Los ciudadanos que participan en el tribunal del Jurado están haciendo uso de una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos públicos, perteneciente a la esfera del «status activae civitatis», cuyo ejercicio no se lleva a cabo a través de representantes, sino que se ejercita directamente al acceder el ciudadano personalmente a la condición de jurado. Por otro lado nos encontramos ante un derecho deber, claramente establecido al establecer por un lado el texto legal medidas coercitivas que aseguren el cumplimiento de la obligación y, por otro lado al fijarse también la retribución de la función y la indemnización de los gastos ocasionados por su ejercicio que ayuden a mitigar la excesiva generosidad del cumplimiento del deber.

También debemos apuntar que se exige a los ciudadanos una motivación, que ni siquiera el Tribunal Supremo ha determinado de forma clara su contenido, es pronunciando Sentencias en varios sentidos (videre Caso Wanninkhof, etc.).

Lo que no admite debate es que los miembros del Tribunal del Jurado examinan en el Juicio Oral todas las pruebas y emiten el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad (terminología sajona “guilty” o “not guilty”) y sin embargo en la praxis de los Tribunales la opinión del Magistrado Ponente suele ser aceptada por el resto de los Magistrados, lo que se explicita en la inexistencia, orfandad y ausencia de votos particulares en la mayoría de las Sentencias y resoluciones, salvo en los grandes macroprocesos.

Con estos parámetros de participación de los ciudadanos nos encontramos ante jurados desprotegidos, ante jurados que no tienen siquiera las garantías que recoge la L.O.19/1994 para la protección de testigos y peritos. Como decía un autor italiano: “el temor, el desinterés, la corrupción… adquieren en este pequeño grupo de individuos, enfrentados a una problemática concreta y desconocida para ellos, su punto de máxima algidez,  y termina diciendo “aunque el voto sea secreto los rostros de los jurados quedarán en las mentes de aquéllos que, juzgados y condenados, pueden a la salida de las cárceles vengarse de los jurados, a los que responsabilizan de su castigo”.

El Código Penal no recoge delitos específicos para los jurados ni como autores ni como víctimas, la Fiscalía afirma que “resulta escandaloso e inexplicable que el veredicto injusto a sabiendas no sea constitutivo de un delito de prevaricación dadas las exigencias típicas de los arts.446 y siguientes”. Un somero análisis de los preceptos que regulan la prevaricación nos muestra que el delito de prevaricación no es susceptible de ser cometido por los jurados y no solo porque el jurado no pueda ser considerado sujeto activo de la conducta, que se referiría en exclusiva a jueces y Magistrados, sino también porque es muy difícil encuadrar el resto de los elementos del tipo penal: sentencia  o resolución: deberíamos equipararla a veredicto; carácter injusto de la resolución: no habría ningún problema en equipararla a la resolución del juez, pero sí es cierto que en algunos casos habría una gran dificultad; a sabiendas: es decir, con conocimiento del carácter injusto de la misma, requisito del tipo penal que presentaría importantes problemas de prueba de la realización del delito. Por lo que respecta al delito de cohecho tendríamos que acudir a una interpretación bastante compleja de los artículos 419 y siguientes del Código Penal.

Queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico no existe actualmente una respuesta adecuada a una conducta tan grave como la descrita y que puede poner en peligro la propia existencia del jurado. Voy a exponerles un ejemplo de la Memoria de 1897 del Fiscal Tribunal Supremo que se refiere a este problema. “Terminado un juicio por homicidio, y dictado veredicto de inculpabilidad, los Jurados se dirigieron a abrazar al procesado en cuanto el Tribunal de derecho se retiró a dictar sentencia, ante el asombro de los presentes”. 

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