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La Razón

Entrevista a Enrique López, vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial

"Desgraciadamente somos proclives a buscar una respuesta judicial a temas sociales"

Enrique López pide al nuevo Consejo elegido en noviembre que, por encima de todo, sea el órgano institucional que garantice la independencia de los jueces respecto de cualquier otro poder.

A punto de concluir su mandato e inmerso en un proceso electoral que conducirá el próximo 7 de noviembre a la constitución de un nuevo Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, el portavoz del máximo organismo judicial de nuestro país, revisa para DERECHOS diferentes asuntos clave del mundo jurídico. En su opinión, la actividad judicial tiende a la especialización en determinados aspectos donde puede haber una ventaja clara para el ciudadano “como los delitos económicos; la inmigración ilegal o la violencia de género. De todas formas”, explica, “es un error buscar la solución penal a determinados problemas sociales”.

A su entender, no es suficiente la aportación que el Estado hace a la justicia a través de los Presupuestos Generales, y el desarrollo de los métodos extrajudiciales, como el arbitraje y la mediación, puede ser una salida, que no la única, al problema crónico de la justicia. Un problema el de la justicia, ante el que considera  “que no debemos rendirnos ni considerar crónico.”

Sr. López, ¿Qué valoración hace de la última subida efectuada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la justicia?
Cualquier subida siempre es bienvenida. De todas formas, esta subida y la acumulada en los últimos tres años dista bastante del Plan de Choque del PSOE que se comprometía a un 2 % para Justicia, según su Programa Electoral en las últimas elecciones en las que resultaron vencedores. En estos momentos,  estamos a nivel de inversión en la línea de países como Italia, Portugal o Francia y muy lejos de otros países como Alemania o países nórdicos.
-En este contexto, ¿cómo debe verse el problema de la lentitud de la justicia? ¿Qué avances significativos se han producido para paliar esta lacra?
El problema de la justicia tiene solución. Debemos evitar que el ciudadano piense que estamos ante un asunto crónico. Es, ante todo, una racionalización de recursos. En esta línea de trabajo, consideramos fundamental para lograr esa racionalización de medios volver al Pacto de Estado de la Modernización de la Justicia, quebrado hace año. Para ello es fundamental que nuestros políticos se tomen en serio el asunto de la modernización de la justicia. Nuestro modelo de oficina judicial viene avalado por la Ley 19/2003 que propugna una organización moderna, racional, eficaz y eficiente. Hablamos, en definitiva, de una reingeniería de procesos que establece el óptimo reparto de papeles y que reserva al juez de forma exclusiva la función de juzgar.
 -¿Cómo se podría cambiar el espíritu litigante del español?
Nuestra sociedad busca la gran mayoría de las veces, con error por su parte, soluciones penales a temas sociales. No podemos culpabilizar al sistema de los delitos, porque cada delito tiene un sujeto que es el imputado. Precisamente si responsabilizamos al sistema caemos en la tendencia de exonerar al inculpado y que las situaciones pueden ser crónicas e irreversibles.
 -¿Por qué el uso de las soluciones extrajudiciales, como el arbitraje o la mediación, no acaba de arraigar en nuestro país?
Es evidente que cualquier proceso de este tipo puede ser muy útil de cara a descargar a la justicia de asuntos. De todas formas, el principal problema del procedimiento arbitral es su judicialización cuando una de las partes no acepta el laudo. De todas formas, es una buena noticia la aparición de distintas cortes de arbitraje y del propio Club Español del Arbitraje que vela por la calidad de los árbitros en cada uno de los procesos.
 -¿En qué momento se encuentran las relaciones entre el poder judicial y la abogacía española? Hace unos meses, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció públicamente a las autoridades jurídicas 4.000 buenos abogados como futuros jueces... ¿qué le parece este ofrecimiento?
Curiosamente, le puedo comentar que son mejores las relaciones que existen entre los abogados y el juez de un mismo proceso judicial que entre las instituciones, CGPJ y CGAE, que representan ambos colectivos. Considero que la relación debería ser más fluida y buscar más vías de colaboración entre ambas instituciones que repercutieran en una mejor fórmula de abordar el problema de la justicia.

Sobre el ofrecimiento que hizo el presidente de la Abogacía Española hace meses, comentarle que no pongo en duda la calidad de los juristas españoles. Estoy convencido de que muchos de ellos podrían desempeñar con absoluta eficacia las funciones propias de un juez. De todas formas, no sería necesaria esa ingente cantidad, bastaría con racionalizar el trabajo de la judicatura que tenemos e incorporar a 500 más, sin destino, que se dedicasen a realizar la justicia interna y labores de racionalización de la planta judicial.
 -Cuestiones como la siniestralidad laboral o la violencia de género parecen no dejar de crecer. ¿Qué medidas se han desarrollado desde el poder judicial para su control?
Desgraciadamente somos proclives a buscar una respuesta judicial a temas eminentemente sociales. De todas formas, en un asunto como es la violencia de género, una vez aprobada la Ley que regula su desarrollo, es evidente que la actividad en esta parcela pasa por la creación e implantación de juzgados especializados en esta materia por todo el territorio nacional. Dota de más medios y personal a los ya existentes y de la necesidad de un mayor control hacia los imputados, desde que se restringen sus derechos fundamentales.
 Sobre la siniestralidad laboral, considero que hay una mayor concienciación del problema, y es que en este asunto no sólo se ha utilizado la justicia penal, sino que también se ha trabajado de forma más directamente desde la prevención, para lograr como marco más adecuado y de forma progresiva una cultura de la prevención de los riesgos laborales.

-Desde ese punto de vista y después de la creación de los juzgados de lo Concursal, se observa que una tendencia de la judicatura es su especialización. ¿Cómo se desarrolla la misma?
La complejidad de nuestra sociedad actual genera relaciones especializadas, y en ese contexto son necesarias respuestas del mismo calibre. Es muy posible que a corto plazo asistamos a la creación de jueces para delitos económicos en grandes ciudades, como también en otros asuntos de notable incidencia. Precisamente  el modelo Concursal define realmente cómo se ha logrado por parte de determinados jueces una especialización notable. La creación y funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil son buen ejemplo de ello.  Su funcionamiento, que está siendo alabado por los diferentes interlocutores implicados, ha logrado en determinados casos romper con la imagen de que el insolvente es un delincuente. Precisamente hace unos días veíamos una noticia en diferentes medios sobre la quiebra de una familia. El buen uso de la Ley Concursal hará en el futuro que economías familiares como la citada se puedan salvar de estados de insolvencia crítica.
 -Respecto al problema de la inmigración ilegal... ¿cómo cree que se podrá controlar este asunto? ¿Serán necesarios juzgados especializados para agilizar los trámites de repatriación?
Le recuerdo que juzgados especializados relacionados con la inmigración ya existen en otros países. Es muy posible que en nuestro país haya que implantarlos en lugares adecuados como aeropuertos o puertos marítimos. De todas formas, el problema de la inmigración es bastante complejo. Requiere de estudios y medidas consensuales, tanto a nivel interno entre todos los partidos políticos, como a nivel entre países, para evaluar sus consecuencias y buscar soluciones.
Nuestro país es la nación que más ha sufrido por la inmigración ilegal. En esta situación no podemos olvidar que en el trasfondo de esta cuestión hay un problema grave como es el de las mafias organizadas. Quizá parte de la cuestión radique en endurecer la legislación tan permisiva que tenemos ahora para frenar la actuación de estos citados grupos mafiosos, y en buscar medidas armonizadas que no sean exclusivistas del Estado español con otros países.

-Desde el CGPJ se ha hecho un esfuerzo importante en materia de comunicación.  ¿Podría explicarnos qué resultados se han obtenido y cuál es el funcionamiento de los gabinetes de comunicación creados en los Tribunales Superiores de Justicia?
Desde que este Consejo asumió sus funciones, hace cinco años,  se impuso como una de sus prioridades por desarrollar una política de comunicación proactiva. Quienes respaldamos esta actuación pensamos que dar a conocer la actividad de la justicia a todos sus niveles, ser más transparente, ayudaría al ciudadano a conocer los avances que se están desarrollando en esta actividad. Y es que es evidente que la sociedad español confía en lo que conoce.
 El Pleno del Consejo encomendó a su Comisión de Comunicación que abordara de forma decidida el problema, de lo que se obtuvo un documento, el Protocolo de Publicación de la Justicia, manual de buenas prácticas en materia de comunicación. En esa línea se han desarrollado otras nuevas herramientas que se han puesto en marcha: la Asesoría de Imagen de la Justicia y los 18 nuevos gabinetes de comunicación, uno por cada Tribunal Superior de justicia (TSJ) y otro en la Audiencia Nacional. Precisamente, en breve se pondrá en funcionamiento la nueva oficina de comunicación del Tribunal Supremo; asimismo, el alto tribunal y el TS aprobarán su propio protocolo de comunicación.
 Además, hemos desarrollado diversas actividades y encuentros entre el poder judicial y los medios de comunicación como el celebrado recientemente hace unos días en Canarias, donde jueces y periodistas han podido charlar y pasar a revista su relación profesional diaria.
 En este encuentro recientemente celebrado hemos discutido sobre diversos y amplios temas. Cabe reseñar que nuestra entidad apoya la presencia de los medios audiovisuales en los juicios orales, de acuerdo con la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional, que establece en principios generales el libre acceso y la restricción por decisión motivada del Tribunal, pero considero que esto no es suficiente. Se requiere de un desarrollo legislativo tanto en una nueva regulación del secreto sumarial, adaptando su regulación a las necesidades que genera una sociedad de la información del siglo XXI, y una regulación específica en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el modo de acceso de los medios audiovisuales a los juicios.
-Por último, ¿qué le pide al nuevo CGPJ que surja tras el proceso electoral que ahora está en marcha? ¿Cree que será posible despolitizar la imagen que se tiene actualmente de la justicia entre la ciudadanía?
Al nuevo Consejo General del Poder Judicial que salga electo de los comicios de noviembre sólo podemos pedirle que prosiga la política de modernización desarrollada por el anterior equipo de trabajo. Que no olvide que el Consejo debe ser el órgano institucional que garantice la independencia de los jueces respecto de cualquier otro poder, por encima de todo.
 Sobre la politización de nuestra justicia, comentarle que gran parte de esa percepción de justicia dirigida por el poder político de turno la tiene el modelo actual de elección de los miembros del Consejo. Deberíamos volver al procedimiento de elección original de 1980, que desarrolló el primer Consejo General del Poder Judicial, y que estaba respaldado por una elección directa de los propios jueces a esta institución. Un modelo que se sigue en Francia, Italia, Alemania o Portugal. Curiosamente el modelo vigente de elección del CGPJ no tiene ningún antecedente que sepamos entre nuestros países vecinos.