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La Razón

Luis Javier Sánchez, Director Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación

UN PASO ADELANTE IMPORTANTE, PERO HAY QUE SEGUIR AVANZANDO

En estos precisos momentos en que DERECHOS iba a imprenta para cumplir su cita bimestral con sus lectores, nos hemos desayunado con la noticia de la aprobación por parte del Senado, casi por unanimidad, de la Ley de Acceso a la Abogacía. Este texto legislativo pendiente tan sólo ahora de su publicación en el Boletín Oficial del Estado viene a responder a una antigua reivindicación del colectivo letrado español que data de 1917.  Desde su entrada en vigor próximamente, y pese a existir un periodo de vacatio legis de cinco años, lo que supone aplazar su obligatoriedad, la nueva ley establecerá  al futuro abogado  dos años de formación -con un 50 por cien de prácticas- y un examen para conocer su capacitación.
 Esta reivindicación, ya incluida en el Pacto de Estado por la Justicia del 2000 y tres años más tarde remitida al Congreso por el PP sin que se llegara a debatir, recoge un texto  que ofrece similitudes con el acceso a la figura del procurador. En su desarrollo,  recoge que una vez que la persona tenga una licenciatura en derecho, deberá realizar un curso de formación para abogados. Estos cursos se podrán impartir en universidades públicas y privadas y en escuelas de práctica jurídica de colegios de abogados que estén homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española.

Sobre las prácticas
La mitad de los cursos de formación tendrán que ser prácticas externas, tuteladas por un abogado que lleve más de cinco años ejerciendo. Como se puede observar es un método muy similar al habitual de las pasantías, procedimiento empleado por la gran mayoría de abogados ilustres de nuestro país.

Por último, llegamos al terreno de la evaluación. Superado el posgrado, el estudiante tendrá que pasar un examen estatal de contenido común para toda España, que se celebrará al menos una vez al año. No podrá haber un número limitado de aprobados. En las comisiones evaluadoras estarán presentes personas designadas por los ministerios de Justicia y Educación, la comunidad autónoma de que se trate y el Consejo General de la Abogacía. Y en el contenido del examen participarán también las universidades.

Al nivel de Europa
La importancia de esta noticia es notable. Supone, sin lugar a dudas, equiparar la formación del abogado español al contexto europeo. En estos momentos  somos el país de la Unión Europea con mayor número de letrados, pues cada año se licencian 15.000 universitarios y el total de juristas asciende a unos 150.000, supone, tal y como se ha comentado desde fuentes del Consejo General de la Abogacía un respaldo importante: según los expertos consultados por esta publicación, el texto aprobado garantiza los derechos de defensa y tutela judicial efectiva, un servicio de calidad en la asistencia letrada a los ciudadanos y homologa la formación de los abogados españoles con la de los países de la UE. Sin embargo, deja abierta la puerta a otro debate que es la formación continua de los abogados.
 Porque éste es otro tema: ¿Qué nivel formativo tienen nuestros abogados? ¿Actualizan sus conocimientos nuestros juristas tanto en el campo de las nuevas tecnologías como en la aparición de nuevos conceptos como el arbitraje y la mediación? La verdad es que la respuesta a esta cuestión no deja satisfecho a nadie. Desde el propio CGAE se han dado cifras preocupantes de un 20 por ciento de profesionales o letrados poco preocupados por este tema  que ni si quiera se han formado en la pasantía o en las Escuelas de Práctica Jurídica.

Es evidente que la abogacía ha dado un paso importante en su modernización y adecuación con los vecinos europeos. Éramos hasta la fecha el único país de la UE que no tenía regulado el acceso a la profesión de abogado. Además,  la citada ley permitirá la libre circulación de los juristas  y procuradores españoles para el ejercicio profesional en el ámbito comunitario, algo que hasta la fecha sólo ocurre a la inversa. Ahora, solo falta encontrar un modelo formativo continuo y reciclable  que se adecué al ejercicio profesional del jurista. No sería descabellado pensar, por ello, en un modelo de gestión de las Escuelas de Práctica Jurídica coordinado desde las propias Universidades y Colegios de Abogados. Y es que cuanto mejor preparado esté un letrado mejor será su defensa, no nos cabe ninguna duda, desde
luego.

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Redacción, España

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