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La Razón

Entrevista a Enrique Sánchez-Goyanes, Director de SÁNCHEZ-GOYANES CONSULTORES

"De aprobarse, la Ley del Suelo Estatal sería un gran paso para la preservación del Medio Ambiente"

El especialista en Derecho Urbanístico Enrique Sánchez-Goyanes aboga por que el Estado ejerza las competencias que aún no están descentralizadas para influir en el desarrollo urbanístico.

Cuestiones de absoluta actualidad, a la par que de una problemática muy importante, como la dificultad de acceder a una vivienda o la destrucción del medio ambiente, requieren sin lugar a duda un marco legal protector que la ciudadanía, no sólo concienciada sino también afectada, cada día reclama con más intensidad. Enrique Sánchez-Goyanes, para el cual “es necesario un marco normativo común para todo el territorio nacional” en materia de Urbanismo, nos pone al día sobre algunas de estas cuestiones.

La redacción de planes urbanísticos y la recalificación de terrenos está rodeado de una cierta aureola o en algunos casos neblina para el ciudadano. ¿Cómo se organizan estas actuaciones, y especialmente que cuestiones legales son mas importantes en su redacción o desarrollo?
El cambio de clasificación urbanística que corresponde a un terreno es el objeto de un expediente de modificación del plan urbanístico correspondiente del lugar.
 A nuestros efectos el procedimiento de aprobación sería el mismo, tanto para una modificación puntual como para una revisión. Este procedimiento pasará por dos fases: la municipal y la autonómica. El ayuntamiento propone el modelo urbanístico que le parece más adecuado a su idiosincrasia y la comunidad autónoma tiene la competencia para la aprobación definitiva. Aquí la comunidad autónoma vela por la legalidad tanto en el procedimiento que se ha seguido como en el cumplimiento de las normas sustantivas.
 -¿Qué opina sobre la nueva Ley del Suelo?
El anteproyecto de ley aprobado recientemente en el Consejo de Ministros es un texto muy madurado que, de aprobarse, llegaría a ser la Ley del Suelo Estatal más preocupada por la preservación del Medio Ambiente, hasta el punto de que establece de manera imperativa que todo aquel terreno en el que haya valores dignos de ser preservados, ese suelo automáticamente con carácter reglado tendrá que clasificarse en los planes urbanísticos como no urbanizable. Al tratarse de una legislación básica estatal cualquier ley urbanística autonómica tiene que respetarla.
 -Estas actuaciones conlleva en algunos casos la expropiación. En relación a nuestro entorno, ¿cuál es su opinión con respecto a la legislación que regula este procedimiento en España y a la aplicación que de ella se hace para el desarrollo de planes urbanísticos?
En los últimos tiempos está habiendo un replanteamiento de la naturaleza del derecho de la propiedad y de sus límites. Por un lado el Tribunal Constitucional español ha dictado una sentencia muy relevante en la que anula la Ley de Canarias en virtud de la cual se expropiaban inmuebles colindantes con el edificio del Parlamento de Canarias para ampliarlo. En esa sentencia el Constitucional dice que debemos empezar a reconsiderar el derecho de propiedad y, sobretodo, las garantías del propietario frente al organismo que le quiera expropiar.
 El segundo acontecimiento en relación a este tema ha sido el pronunciamiento del Parlamento Europeo a finales del año pasado sobre lo que se conoce como el modelo urbanístico español del agente urbanizador que tienen algunas comunidades autónomas adoptado, como Valencia, allí donde surgió el escándalo. A partir de aquí el PE reaccionó y dictó una resolución en la que consideraba que el modelo urbanístico chocaba con las exigencias del derecho de propiedad europeo.   
 -En el desarrollo urbanístico intervienen distintas administraciones, en ocasiones con criterios distintos o incluso defendiendo intereses contrapuestos. ¿Cómo se desarrolla esta relación?
En este momento nuestra clientela está muy repartida tanto en el sector privado como en el público. Dentro del sector público el grupo mayoritario son ayuntamientos como por ejemplo el de Madrid que, precisamente en este momento, nos ha encargado la asistencia técnico-jurídica para la elaboración de la nueva ordenanza general de Vivienda de Madrid.
 En el sector privado el perfil de nuestro cliente es la gran empresa de ámbito nacional, hablamos siempre de empresas vinculadas a la actividad inmobiliaria.    
 -¿Cómo cree que evolucionará el Derecho urbanístico y su interpretación en los próximos años?
En nuestra opinión, todo el Derecho Urbanístico español, tanto el estatal como el autonómico, va a tener que ser objeto de una reelaboración que deberá pasar por tres ejes fundamentales: El principio, hoy de rango europeo, de utilización racional de los recursos naturales, de los cuales el suelo es uno de ellos, la acentuación del valor del derecho de propiedad en el sistema europeo por obra tanto del Parlamento Europeo como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, por último, la necesidad de adecuar nuevos sistemas urbanísticos a las directivas europeas en materia de contratación administrativa. A día de hoy todavía no se puede contratar de manera directa la realización de unas obras públicas por su naturaleza, sin respetar los principios fundamentales de una contratación pública. 

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EL DERECHO ADMINISTRATIVO
El Derecho Administrativo disciplina las relaciones entre la Administración Pública y los administrados, y también entre las propias administraciones. Al margen de esa definición global, el Derecho Administrativo tiene una serie de bloques que están representados en temas de responsabilidad patrimonial de la administración, últimamente uno de los sectores del Derecho Administrativo más en boga. Este derecho entra en funcionamiento cuando hay un perjuicio que se causa como consecuencia de un funcionamiento de la administración a los administrados. Es entonces cuando surge el deber de reparar ese daño, de indemnizar a los administrados. El otro gran bloque es el del Derecho Administrativo sancionador.

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EL BUFETE
Sánchez-Goyanes Consultores es una empresa de asistencia jurídico-técnica integral fundada en 1993 y que cubre materias relacionadas con el Derecho Administrativo general y local, especialmente cuestiones urbanísticas y ambientales. Ofrecen asesoramiento en cualquier proceso de urbanización o edificación del suelo, atendiendo a todas las fases, desde la adaptación al proyecto de la ordenación urbanística preexistente, pasando por la obtención de licencias y la expropiación, hasta la defensa jurídica frente a negativas a concesiones de licencias. Sánchez-Goyanes destaca  el papel de su bufete en el desarrollo de nuevos planes urbanísticos para diferentes municipios, “en los que asumimos las tareas jurídicas del equipo redactor del plan o articulamos el equipo por completo, incluyendo la parte técnica”.

Sánchez-Goyanes Consultores

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