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La Razón

Jorge Alegre de Miquel, Abogado. Profesor asociado, Universidad de Barcelona

Derecho y Economía

Si nos permiten un pequeño juego de palabras, en el mundo del Derecho Económico no debieran admitirse economías: El mundo económico y el mundo del Derecho están tan íntimamente comprometidos, el uno con el otro, que todo aquello que en uno de ellos suceda obtiene su inmediata respuesta en el otro.

Es obvio que la sociedad va, y debe ir, por delante del Derecho, y que éste aparece siempre para regular o solventar situaciones que bien se adivinan o bien se han producido ya en el mercado, y visto así siempre el Derecho es posterior a las necesidades sociales y muy en particular a las económicas. Pero también es cierto que la única forma para que se desarrolle ordenada y prósperamente un mercado, es a partir de un Ordenamiento Jurídico que garantice unas condiciones de mercado seguras.

Cualquier empresario que sea preguntado sobre la influencia que en él tiene la distinta normativa existente responderá sin duda que esa normativa condiciona plenamente su actividad. El empresario, en esa actividad, se encuentra con distintos frentes abiertos y con diferentes normativas que le son de aplicación: En la que sea su actividad de fabricación o producción deberá someterse a normas de Derecho Público reguladoras de la calidad, o de los procesos medioambientales, o de la seguridad en el trabajo, o reguladoras de la exportación / importación; todas ellas son escasos ejemplos entre un sin numero  de situaciones existentes. Pero también encontrará otras normas que regularán su concurrencia y competencia en el mercado y no sólo para garantizársela sino para asegurar también las condiciones en que ese mercado se desarrolla. Y por último, se encontrará con la normativa reguladora de sus obligaciones con la Administración pública y entre ellas, muy particularmente, con la administración tributaria. Y nada de todo ello inquieta o incomoda especialmente a ese empresario, sólo hay una cosa que escapa de su conocimiento: Los Tribunales de Justicia, los responsables de aplicar o de garantizar la correcta aplicación de todo ese mar de normativa, tribunales a los cuales debe sin embargo acudir para sentirse seguro en ese marcado económico. Y ese, en muchas ocasiones, es el soporte respecto del que se siente inseguro, no ya por el resultado de los procedimientos cuya incertidumbre forma parte de la propia naturaleza del litigio, sino por la pérdida del “tempo”. ¿De qué nos sirve un sistema perfectamente estructurado para garantizar la libre concurrencia, o la transparencia societaria, o la responsabilidad de los distintos agentes intervinientes, o para intentar solventar la morosidad  o la insolvencia, si la respuesta no puede ser rápida  y eficaz?
 El mercado no sólo necesita un Ordenamiento Jurídico sólido, sino también un sistema judicial capaz de atender las cuestiones que se le plantean con rapidez, seguridad y eficacia. 

 Con todo ello queremos hacer especial hincapié en que para garantizar al empresario que las condiciones de mercado funcionen, el Estado, su ejecutivo, no sólo debe preocuparse de acomodar la legislación a todas las necesidades que deben atenderse (consumidores, ecología, transparencia, responsabilidad, etc.), sino, además, deberá preocuparse también de dotar a los Tribunales de Justicia de los medios y del personal suficiente para atender la aplicación del Derecho que a ellos se solicita. Mientras no se destinen más medios a esa organización judicial, todas las reformas legislativas que se vayan realizando quedarán inexorablemente cortas. 

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