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La Razón

Óscar Celador Angón (Oscar.celador@uc3m.es), Coordinador del Máster en el Ejercicio de la Abogacía (Asesoría Jurídica de Empresas) de la Universidad Carlos III de Madrid

La formación de los abogados en el siglo XXI

La globalización, la internacionalización de la economía, la sociedad del conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías han obligado a la reforma de la educación técnico profesional, con el propósito de adecuarla a las demandas de un mercado laboral, tan complejo y competitivo, como es el del ejercicio de la abogacía y la asesoría jurídica de empresas. En esta línea el proceso de convergencia europea en el ámbito de los espacios de educación superior está planteando igualmente nuevos retos y cambios metodológicos en la formación universitaria en general, y en la conducente al ejercicio de la abogacía en particular.
 De forma opuesta al modelo europeo, España es uno de los pocos países del mundo que permite que sus licenciados accedan al ejercicio de la abogacía sin superar ninguna prueba o periodo de prácticas que acrediten su capacidad para ejercer la profesión de abogado. Se trata de una situación excepcional y en vías de extinción, al haberse remitido por el Gobierno a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de acceso a la profesión de abogado, que exige unos estudios previos que garanticen la formación suficiente a quienes han de defender los derechos de los ciudadanos ante los tribunales.

Desde esta óptica, parece evidente que las exigencias del mercado laboral, así como la plena integración del modelo español en el espacio europeo de educación superior, están llamadas a tener una especial influencia en la futura formación de los profesionales de la abogacía, y que en este terreno los estudios de postgrado, y en concreto los Master en el ejercicio de la abogacía o las escuelas de práctica jurídica, deben desempeñar un papel central.
La adaptación de los estudios de postgrado a esta nueva realidad implica que en una primera etapa de su formación, a través de un programa docente completo y sistemático, los alumnos de los Master en el ejercicio de la abogacía obtengan un nivel formativo que les capacite para ejercer su profesión, garantizando el derecho de los ciudadanos a que los profesionales de la abogacía los asesoren y defiendan con la formación adecuada, y se garantice su derecho fundamental a recibir una defensa, representación y asistencia jurídica de calidad.

Asimismo, es necesario redefinir el papel de los actores del proyecto educativo. Por una parte, los programas de estudio deben incorporar contenidos y recursos docentes acordes con las nuevas exigencias del mercado laboral de la abogacía, como el manejo de recursos electrónicos, las nuevas tecnologías o el conocimiento del inglés jurídico. Por la otra, los alumnos deben cursar estas enseñanzas en grupos muy reducidos y con dedicación completa, en un sistema pedagógico que debe transformar a licenciados en derecho en auténticos profesionales de la abogacía. Y por último, los responsables de impartir la docencia deben ser profesionales de contrastada solvencia, que estén en contacto en su día a día con la práctica de la profesión.

Éstas son las bases  sobre las que desde entiendo que los Master en el ejercicio de la abogacía o las escuelas de práctica deben formar a sus alumnos, y siempre desde el convencimiento de que la formación de calidad es el mejor patrimonio con el que los profesionales del derecho pueden enfrentarse a un mercado laboral tan complejo y cambiante como es el de la abogacía.  

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