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La Vanguardia

Entrevista a Alberto Fernández Boira, abogado especializado en derecho civil, mercantil y bancario, director de Fernández Boira Abogados

"La Ley de Segunda Oportunidad permite a los deudores de buena fe volver a empezar"

El pasado febrero entró en vigor el Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social que pretende dar respuesta a personas y familias que no pueden pagar sus deudas.

-¿En qué consiste el mecanismo de segunda oportunidad?
Podríamos hablar largo y tendido acerca de las posibilidades que ofrece este instrumento, sin embargo, para sintetizarlo de la mejor manera sin perder demasiado rigor, podemos decir que se trata de un mecanismo de reestructuración de deuda para particulares. Cuenta con un procedimiento extrajudicial de negociación tutelado por un mediador concursal para que el deudor pueda alcanzar un acuerdo con sus acreedores llevando aparejadas medidas de quita (reducción de la deuda) y espera (aplazamientos), procedimiento que viene coadyuvado por incentivos para que todos se sienten a la mesa a negociar.
 
-¿Y si no hay acuerdo?
En el caso de no alcanzar un acuerdo, por negativa de los acreedores o bien por la imposibilidad de pagar la deuda, se prevé la continuación del procedimiento por un cauce judicial en el seno de un concurso de acreedores con una serie de especialidades que permiten, una vez agotada la negociación, liquidado todo el patrimonio del deudor y de forma excepcional, obtener la medida de exoneración del pasivo insatisfecho, también conocida como segunda oportunidad o fresh start. En definitiva, se da una auténtica vuelta a empezar, para bien y para mal; dicho de otro modo, usted se queda sin bienes, sí, pero también sin deuda. Ahora bien, por experiencia debo decir que la mayoría de clientes que acuden al despacho, ya no tienen bienes y arrastran una deuda impagable, luego éste es el perfil más susceptible de ser conducido a esta medida.
Para obtenerla se debe de pasar por un proceso judicial así como por una liquidación global del patrimonio y por supuesto, se deben de cumplir los requisitos para tener la condición de deudor de buena fe, de ahí la importancia de recibir el correcto asesoramiento y asistencia jurídica en el trámite judicial, queriendo decir con esto que la medida no es automática ni debe de entenderse como una invitación a no pagar deudas. Ahora bien, aun estando el mecanismo de segunda oportunidad concebido como excepcional, quiero apuntar que la situación de un país con una tasa de paro como la actual, para mí, sí que es realmente de excepción, luego entiendo que mucha gente podrá beneficiarse de este instrumento, puesto que la crisis económica ha hecho que hayan proliferado situaciones dramáticas de deudores de buena fe con problemas de sobrendeudamiento e insolvencia.
 
-¿Quiénes pueden acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad?
Todas aquellas personas, empresarias o no, que siendo deudores de buena fe, en la actualidad o de forma inminente no puedan asumir sus obligaciones regulares de pago. Así por ejemplo, son perfiles típicos: aquella persona que se ha visto inmersa en una situación sobreendeudamiento financiero; aquella persona que por no encontrar trabajo no puede atender sus compromisos de pago; o aquel autónomo o empresario que afianzó un negoció que no funcionó asumiendo las deudas de este último personalmente, muchas veces incluso con su casa.
 
-¿Cómo pueden ayudar despachos como el suyo en la aplicación de esta ley?
De entrada, el cliente que se interesa por la medida de segunda oportunidad, suele ser una persona que no tiene por qué estar avezada a contiendas judiciales, ni a tratar con abogados, jueces y administradores concursales, algo de lo que somos muy conscientes. Por ello asistimos al cliente con total y absoluta transparencia, identificamos sus necesidades y le asesoramos, de forma que con un riguroso diagnóstico, buscamos ofrecerle todas las alternativas posibles que puedan dar respuesta a su problema: negociar con sus acreedores, depurar contratos con clausulados abusivos reduciendo así la deuda y determinar si le conviene acogerse a un proceso concursal en aras a acometer una reestructuración de deuda y/o solicitar la segunda oportunidad.
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