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La Razón

Bernat Mullerat, Socio de Cuatrecasas

De nuevo sobre la agilización de los desahucios

De un tiempo a esta parte nuestro país ha experimentado un alarmante aumento del coste del arrendamiento de fincas urbanas, tanto de vivienda como de local de negocio. La inseguridad del percibo de rentas es, sin duda, una de las diversas causas que explican la falta de oferta de fincas en régimen de alquiler. Existe un gran número de fincas desocupadas por temor de los propietarios a enzarzarse en lentos y complejos litigios para la resolución del contrato y reclamación de rentas. Ante esta situación, en los últimos años se han introducido, con evidentes aciertos, ciertas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil al objeto de dar mayor celeridad a los procesos arrendaticios.
 Un primer grupo de medidas se refiere a los actos de comunicación. En este sentido, la propuesta de reforma concede a los procuradores de las partes personadas la facultad de practicar notificaciones, citaciones y emplazamientos, dándose así mayor rapidez al procedimiento de desahucio y descargando de trabajo a los Juzgados. Un segundo grupo de medidas pretende agilizar la notificación y ejecución de las sentencias. De entrada, la diligencia de citación deberá advertir al demandado de que, de no comparecer a la vista, deberá personarse en el Juzgado para recoger la sentencia entre el segundo y el quinto día desde la fecha la vista.
 Ahora bien, la gran novedad de esta propuesta legislativa de CiU consiste en un procedimiento de ejecución de resolución extrajudicial de los contratos de arrendamiento de finca urbana por falta de pago. Con carácter previo, el arrendador deberá notificar fehacientemente al arrendatario el impago y la consiguiente resolución del arriendo de pleno derecho, salvo que se subsane el incumplimiento en el plazo de ocho días. Transcurrido dicho plazo sin subsanación, el arrendador podrá acudir a los Tribunales para instar la ejecución de la resolución contractual, es decir, la entrega del inmueble arrendado. Admitida la demanda de ejecución, el arrendatario únicamente podrá oponerse acreditando documentalmente haber satisfecho la renta y cantidades asimiladas en plazo.
 No cabe duda que las medidas propuestas son eficaces para el fin perseguido. Ahora bien, no puede perderse de vista  que deberían articularse mecanismos suficientes para evitar abusos y la indefensión de los demandados, máxime en una cuestión que, como la vivienda, reviste la mayor importancia para la con-vivencia social.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

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