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La Razón

Javier Fernández-Palacios, Director de Fernández-Palacios Abogados

Comentario de la Ley 19/2006 de 5 de junio por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de la propiedad intelectual e industrial

A fin de trasponer esta normativa comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico, la reciente Ley 19/2006, de 5 de junio, en vigor desde el 7 de junio de 2006, tiene por objeto ampliar los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establecer normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, incidiendo directamente en las leyes especiales del sector, particularmente, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial.
 Ya desde el preámbulo la Ley tiene el mérito de aclarar que bajo la denominación de propiedad intelectual también se recogen en el derecho comunitario y, en particular, en esta Directiva los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial. Es, pues, loable que la Ley hermane definitivamente estos dos conceptos sirviéndoles de vaso comunicante y orillando así problemas de interpretación.
 Otro de los aspectos a destacar en la nueva Ley estriba en que desde la Exposición de Motivos, se detiene el Legislador a señalar que la misma está destinada a repercutir en ámbitos tan diversos como el empleo, la estabilidad de los mercados o la protección de los consumidores y garantizar, en último término, el orden público.
 Se alinea la presente Ley con la reciente Circular FGE 1/2006 sobre los Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial tras la Reforma de la LO 15/2003, pues ésta señala que para un sector mayoritario de la doctrina el bien jurídico protegido debe identificarse con el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina española de Patentes y Marcas. Lo penalmente relevante, por tanto, será el ataque a la exclusividad de que goza el titular o cesionario de los derechos, aunque ello sin duda fortalecerá las normas de libre competencia y acrecentará la defensa de los intereses específicos de consumidores y usuarios.
 En punto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley establece la posibilidad de solicitar información sobre las redes de distribución de las mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual o industrial; no obstante, esto sólo se podrá realizar en los casos en que la infracción del derecho de propiedad intelectual o industrial se lleve a cabo mediante actos efectuados a escala comercial, esto es, aquellos realizados para obtener beneficios económicos.
 Por otro lado, tanto la vigente Ley de Marcas de 2001 como el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 quedan modificados, pues ahora para calcular la indemnización por daños y perjuicios por infracción del derecho de propiedad intelectual o industrial, la Ley configura dos módulos de cálculo alternativos: Por un lado,  calcular, de forma acumulativa, las “consecuencias económicas negativas” sufridas por la parte perjudicada (lucro cesante y daño emergente), junto con el daño moral, que procederá siempre y en todo caso. Por otra parte, establecer la cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión.
 Como también incorpora el reciente Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, las medidas de cesación podrán también dirigirse contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca o de propiedad intelectual, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
 En definitiva, ésta es en breves líneas la traza de una Ley que pone gran empeño en resolver las dificultades que en la vida real surgen con la investigación y persecución de infracciones de derechos industriales e intelectuales, buscando fórmulas eficaces de erradicación de estas conductas. Cabe esperar que sea un significativo avance. 

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