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La Razón

Marcos García-Montes, Abogado

El Rincón de Marcos García-Montes: Terrorismo de género

La enorme gravedad y rechazo que produce día a día el “terrorismo de género” provocó la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género (LIVG), aprobada por unanimidad en el Parlamento Español el día 28 de Diciembre y que entró en vigor el 28 de enero del 2005, a excepción del Título IV referido a la “Tutela penal” y el Título V referido a la “Tutela Judicial, que entró en vigor a los seis meses, es decir el día 29 de Junio del 2005, la cual contiene una nueva orientación de política criminal. Desde hace años la violencia en el ámbito familiar -más conocida por violencia doméstica- había sido objeto de distintas modificaciones en el código penal. A partir de la Ley 10/95 que configuró en torno al art. 153 CP el delito de violencia familiar, se han venido produciendo las siguientes reformas: la Ley 14/1999 en materia de protección a las victimas de malos tratos, la LO 11/2003 y la Ley 27/2003, de 31 de julio reguladora de la Orden de Protección en materia de protección a las víctimas.

Aún considerando acertada de forma global la LIVG, en posteriores comentarios analizaremos otras cuestiones, se están planteando en la actualidad dos problemas que eran muy difíciles de prever por el legislador y que surgen de las complejas relaciones que se suscitan entre la víctima y el agresor y que van mucho más allá de las estrictamente jurídicas.

La primera de ellas surge de la prohibición de aproximación a la víctima de un delito de los establecidos en el artículo 57.1 del Código Penal que puede ser impuesta, bien como pena privativa de derechos, según lo dispuesto en los artículos 39 y 48 del código penal, o bien como medida cautelar que se puede adoptar en el curso de un procedimiento penal instruido por alguno de los citados delitos. Esta prohibición también puede dictarse como prevención de naturaleza penal en el marco de la orden de protección para los casos de violencia de género o de violencia domestica conforme a lo dispuesto en el artículo 544 ter de la LECr.  Y finalmente como medida de seguridad no privativa de libertad recogida en los artículos 96.3.9ª y 105.1 g) del CP para los casos previstos en los artículos 101 a 104  con independencia del tipo penal que la pueda motivar.

En este marco legal, se produce con notable frecuencia el caso de que es la propia víctima, en cuyo beneficio o protección fue acordado el alejamiento, quien provoca, consiente o reanuda voluntariamente la convivencia, tal y como recogen numerosas sentencias entre las que merece destacar por su importancia la del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2005. Y establecido el supuesto de hecho nos encontramos en la tesitura, a mi juicio preocupante en ambos casos,  de considerar a la mujer víctima como coautora por cooperación necesaria del delito de quebrantamiento, o por otro lado considerar que al existir un acto de la victima de reanudación de la convivencia ya no es necesaria la medida porque ha existido “el perdón” de la víctima.

La segunda cuestión, que también debe ser estudiada y corregida, es la utilización de las denuncias de malos tratos como medida de presión para otros procedimientos o como coacción en negociaciones. De manera cíclica aparecen en nuestros medios de comunicación opiniones de jueces, abogados, otros profesionales del Derecho y ciudadanos argumentando esta cuestión. Esto no significa que afirmemos que no existen los malos tratos o que todas las denuncias son falsas, sino que existen  malas prácticas profesionales de los que intervienen en las separaciones y en los divorcios, que utilizan las denuncias por maltrato como estrategias de defensa perjudicando con ello el problema global e importantísimo que es la violencia de genero.

Los que estamos en contra de los terroristas domésticos también tenemos que estarlo contra los denunciantes falsos puestos que hace falta un equilibrio ético, estético, jurisdiccional y personal por parte de las instituciones, y en eso los abogados tenemos nuestra obligación como personas al servicio de los ciudadanos.

Bufete Jurídico García-Montes

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