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La Vanguardia

Entrevista a Raúl González Fernández, fundador de González Advocats

"Es el momento de que Andorra se dote de un Código de Derecho Civil propio"

González Advocats es una firma creada en 2005 con vocación por el derecho privado, lo que les ha permitido ofrecer un asesoramiento jurídico integral, especialmente en derecho civil, mercantil, corporativo y económico.

-¿Cuáles son las principales diferencias a nivel jurídico y dentro del ámbito de su especialidad, entre Andorra y España? 
Las diferencias jurídicas, derivan necesariamente de la larga existencia de Andorra como país, de más de 800 años, lo que necesariamente ha exigido la dotación y evolución de normas a lo largo de nuestra historia que regulasen la convivencia de los habitantes del Principat. A partir de la Constitución de 1993, adoptada por pueblo andorrano, con plena libertad, independencia y en ejercicio de su propia soberanía, el marco normativo positivo ha vendido configurándose a través de las disposiciones emanadas de nuestro del Consell General (parlamento) y Comuns (corporaciones locales). Ahora bien, cabe decir, y ahí radica una de las especificidades del Derecho andorrano, que éste, por lo que se refiere al Derecho Privado, no solo está compuesto exclusivamente por aquellas normas, sino que también es derecho vigente, normas que provienen de la evolución histórica del Principat, tales como normas consuetudinarias civiles y de forma supletoria, otras como el derecho civil catalán anterior al Decreto de Nueva Planta (1714), el Cuerpo de Derecho Civil Romano junto con el Derecho Canónico de la Edad Media. Asimismo, la jurisprudencia posee un gran valor como fuente del Derecho. En mi opinión, es el momento para que Andorra se dote de un Código de Derecho Civil propio. Otra de las especificidades, al no formar parte de la Unión Europea, es que el cabal comunitario no es derecho aplicable en el Principat d'Andorra, excepto las normas relacionadas con la moneda europea en base al Acuerdo Monetario firmado con la Unión Europea en junio de 2011. También conviene indicar que otra de las diferencias con los ordenamientos jurídicos del entorno es que no tenemos una exorbitada regulación normativa. Creo sinceramente que ello nos permite disponer de alto grado de seguridad jurídica.
 
-¿Ha afectado la crisis tanto como en España en el sector de la abogacía? 
El colectivo hemos notado mayoritariamente el cambio en la tipología de casos. En el Principat d'Andorra, desde 2000 el sector de la construcción creció exponencialmente hasta 2006: bajo esas circunstancias, el asesoramiento del abogado era, como suelo calificar, en "positivo". Es decir, la mayoría de los clientes no requerían tus servicios para solventar un conflicto, sino para ayudarlos a la creación y seguimiento de proyectos empresariales. En cambio, la crisis trajo consigo mayor conflictividad, y con ello una mayoritaria judicialización de los asuntos, prestar asesoramiento en la toma de decisiones para la reorganización de sus recursos y actividades tendentes a evitar el proceso concursal. 
 
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
La vocación por el derecho civil, mercantil y económico nos ha permitido consolidar y especializar nuestro despacho en estas materias, y por lo tanto mayoritariamente asesoramos a empresas en todas las cuestiones que guardan relación tanto con sus actividades diarias como en el ámbito corporativo. Estamos ayudando a instalarse en el Principat a inversores extranjeros que desean desarrollar sus proyectos empresariales desde nuestro país orientados tanto a escala nacional como internacional a resultas del proceso de obertura económica impulsado por el Govern y aprobado por el Parlament en junio de 2012. 
 
-¿Qué ventajas tienen las empresas por instalarse en Andorra? ¿Qué asesoramiento ofrecen ustedes en este sentido?
Prestamos asesoramiento en todo el proceso, desde la preparación del expediente administrativo correspondiente para la obtención de la autorización gobernativa, pasando por la constitución de la sociedad mercantil andorrana o el traslado del domicilio social de la compañía foránea al Principat, hasta la obtención de la autorización de la licencia administrativa de comercio que permite el inicio de las actividades económicas. A partir de ese momento prestamos nuestro asesoramiento jurídico en todas aquellas cuestiones que en el día a día de las actividades de la sociedad nos requieran, así como a nivel corporativo (pactos parasociales, asistencia como secretario no consejero, modificaciones estructurales, etc.).

González Advocats

Baixada del Molí, 15 - edifici Molí, II, 2n, 5a, AD500, Andorra la Vella, Principat d'Andorra

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