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Andorra ha recorrido mucho camino desde  2007 cuando se inició un paquete de reformas económicas orientadas a abrir el país al capital extranjero, dotar nuestro sistema económico de mayor control y seguridad, así como establecer un sistema fiscal que fuera homologable con los países de nuestro entorno y la OCDE. En este sentido en 2007 aprobamos la Ley de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada con el correspondiente Reglamento del Registro de Sociedades Mercantiles, y presentamos la Ley de Contabilidad de los Empresarios, desarrollada posteriormente en el Plan General de Contabilidad para sociedades individuales y sociedades consolidadas, en el cual se obligaba a partir de 2009 a las sociedades y empresarios andorranos a preparar, presentar y depositar las cuentas anuales al Govern d’Andorra bajo una normativa contable internacional, homologable a la del resto de países de la UE. Desde la vertiente tributaria de la imposición directa el camino se inició en 2010 con la Ley del Impuesto de la Renta de los no residentes fiscales, dándole  continuidad con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Actividades Económicas. En estos dos últimos años ha sido el turno de la imposición indirecta con la aprobación de la Ley del Impuesto general indirecto, asimilable al IVA español, junto al correspondiente desarrollo de la Ley y el Reglamento de Facturación. A la hora de su configuración se ha tenido en cuenta la experiencia internacional, en particular de la Unión Europea y de la Directiva 2006/112/CE que armoniza el Impuesto General Indirecto en el marco comunitario.

 

En la actualidad el sistema fiscal andorrano se encuentra en un proceso de culminación. En este sentido, a partir del 1 de enero de 2015 entrará en vigor la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tributo que cerrará el círculo de la imposición directa de todas las personas físicas andorranas y que abre la puerta a suscribir convenios para evitar la doble imposición (CDI) con los países de nuestro entorno y a nivel internacional. 

 

Debo puntualizar que el Principat d’Andorra no se considera un paraíso fiscal desde 2010, con la firma de los convenios de intercambio de información bajo demanda. Como le decía, además de las reformas llevadas a cabo en los últimos años, se están facilitando las relaciones políticas y económicas de Andorra con el exterior mediante unas normas contables y fiscales homologables y equiparables al resto de países. Por este motivo pensamos que nuestra relación con el exterior pasa por la firma y posterior ratificación de los CDI, hecho que será una realidad en los próximos meses. Actualmente, ya tenemos dos convenios firmados con Francia y Luxemburgo, y estamos en negociación con Portugal y España. Este proceso facilitará y dotará de mayor seguridad jurídica las relaciones económicas de Andorra con sus ciudadanos, inversores extranjeros y el exterior.

 

Com ya he dicho, el Principat d’Andorra cuenta con un sistema tributario homologable internacionalmente. Esto ofrece una seguridad jurídica que permite considerar al país como una opción perfectamente válida a la hora de invertir. En cuanto a las ventajas de inversión en el Principat destaca la estabilidad de nuestro sistema financiero que cuenta con un ordenamiento sólido que dota al inversor de altos niveles de seguridad jurídica, un sistema fiscal homologable internacionalmente que ofrece al inversor una tributación efectiva más competitiva que los países de nuestro entorno y un país con un alto grado de seguridad ciudadana y estabilidad del su sistema político y legal.