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La Vanguardia

José Martínez de Pisón, Catedrático de Filosofía del Derecho y Rector de la Universidad de La Rioja

Libertad y seguridad: un equilibrio difícil

Desde el arranque de la modernidad el mundo occidental ha mostrado una obsesión por la seguridad paralela a la reivindicación y a la lucha por la libertad. Ambas, libertad y seguridad, están indisolublemente unidas y suelen configurarse en una indescifrable y agónica tensión que cíclicamente aparece en sus formas más trágicas cuando despliega sus consecuencias sobre la vida social, sea local o global. Precisamente, el inicio del siglo XXI es un ejemplo del carácter cíclico del viejo problema de la tensión entre libertad y seguridad que, con todo, ofrece nuevos e inquietantes perfiles. Por un lado, continúa el desarrollo del anhelo fáustico iniciado hace siglos de impulsar la democracia, la libertad y los derechos fundamentales y sus garantías. Por otro, han surgido fenómenos desconcertantes como la expansión del terrorismo internacional, la aparición del fanatismo y de nuevos espacios para la violencia, la percepción de la sociedad del riesgo, o la invasión de la cultura del miedo. Lamentablemente, hasta la fecha, una mirada escrutadora de nuestras sociedades opulentas y de los desperfectos que se vislumbran en el escenario internacional no deja muchas vías a la esperanza, ni permite colegir que la tensión entre libertad y seguridad está resolviéndose de forma equilibrada que es, en fin, de lo que se trata.

Lo que está claro es que tanto los conceptos jurídicos y políticos como las instituciones sobre las que se asientan las democracias occidentales deben mucho a la relación de los principios de la libertad y de la seguridad. El historiador J. A. Maravall, analizando una época tan parecida a las últimas décadas del XX como fue el cambio del siglo XVI al XVII, concluye que la aparición del Estado moderno responde a las necesidades de una sociedad en transformación y al desconcierto originado por la caída de los mitos tradicionales (lo que P. Attard definió como “la crisis de la conciencia europea”). “En unas sociedades que en el Renacimiento empiezan a vivir bajo el signo de la mutabilidad, hace falta una construcción que asegure el plano de lo estable. Así surge el Estado, como forma permanente y objetiva de la vida política que ahora ha de conservar su continuidad a través de tanto movimiento transformador. Lo propio del Estado es garantizar la estabilidad...” (Maravall 1972: 38). Es la inestabilidad del entorno, de la vida personal, la que justifica teórica y prácticamente el surgimiento del Estado, del mismo modo que, en la actualidad, el nuevo modelo político que se impone busca también estabilidad y seguridad. Dicho de otra manera, el proceso de transformación del Estado a finales del siglo XX responde también, como antaño lo hiciera en el siglo XVI y XVII, a un contexto de incertidumbre e inestabilidad y a ese deseo de permanencia y seguridad.

Fue U. Beck quien, al configurar a la sociedad actual como “sociedad del riesgo”, vaticinó el giro hacia la seguridad que han caracterizado los últimos tiempos. La sociedad, tanto en el plano nacional como global, se define por su relación con los riesgos que la amenazan y, por lo tanto, con la inseguridad; en definitiva, por la reconstrucción de la seguridad perdida en cuyo altar debe sacrificarse la libertad. Tras el 11 de septiembre de 2001, Beck esquematizó los riesgos globales en tres tipos: riesgos ecológicos (derivados del desarrollo tecnológico y de su implicación en la crisis ecológica global); riesgos financieros (con las consiguientes crisis financieras globales); y los riesgos provenientes del terrorismo internacional. El contrapunto de estos miedos globales, como puede suponerse, ha sido la aparición de un poderoso discurso sobre la prioridad de la seguridad sobre la libertad que amenaza incluso a la democracia, la libertad individual y los derechos fundamentales.

En este contexto, el modelo de Estado emergente reivindica su vieja configuración como “Estado de seguridad” frente a los agoreros que, durante los años del triunfo de la globalización neoliberal, vaticinaron la desaparición de las instituciones estatales y la instauración de “una sociedad mundial sin Estado mundial y sin gobierno mundial” (Beck 1998a: 32).

Pero, es que, desde sus orígenes, el Estado es pensado para la realización de una doble tarea: la producción de seguridad y la reducción de incertidumbre. Como defendiera hace tiempo Pierre Rosanvallon, las diferentes versiones de la teoría sobre el Estado que se formulan en la modernidad lo definen como Estado protector. Así, este autor traza un línea de continuidad, sin rupturas, desde los orígenes del Estado hasta la actualidad en la que el hilo conductor de todas sus variaciones –Estado liberal, Estado social, Estado democrático, Estado neoliberal, Estado de seguridad, etc.- ha sido la obsesión por la seguridad. Así fue en las reflexiones del primer gran teórico moderno del Estado como fue T. Hobbes, pero también aparece así en el campeón del liberalismo, J. Locke. Por algo, este último justificó de la siguiente manera el pacto y el estado social: “Éste se otorga mediante convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios, y una salvaguardia mayor contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad” (Locke 1981: 73).

Aún más, según esta lectura, el mítico Estado social, con su énfasis en la prevención y en el bienestar, también aparece vinculado a la producción de seguridad. En realidad, es, como todas las demás versiones, un “Estado protector”, sólo que su materialización se inspira en una ideología diferente. Puesto que, como ya explicara el profesor Elías Díaz, el Estado social se concibe “como una fórmula que, a través de una revisión y reajuste del sistema, evite los defectos del Estado abstencionista liberal, y sobre todo del individualismo que le servía de base, postulando un planteamiento de carácter social” (Díaz 1986: 83).

A la vista de estos someros datos, sería deseable que el Estado de seguridad que se está construyendo, al alimón de las políticas sobre inmigración y sobre el terrorismo, aliñadas con los nuevos riesgos locales –drogas, trabajo, salud, tráfico, etc.- y las nuevas formas de violencia, contrapese sus objetivos con medidas de respeto al individuo, a su libertad, a los derechos fundamentales, que es lo mismo que decir a la esencia de la democracia.