Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

José María López Agúndez, Especialista en Derecho Sanitario y Farmacéutico

Señor paciente, no le puede pedir todo al sistema

El sector farmacéutico  está “rodeado” de leyes y esto le convierte en uno de los sectores con más garantías para los ciudadanos. Sin embargo, se avecinan cambios importantes que deberían conocer los pacientes. La industria farmacéutica tiene un régimen de precios intervenido que incluye requisitos precisos de autorización y, en su caso, de financiación; la distribución cumple con exigencias técnicas para los almacenes y un margen establecido por decreto (de un 6 por ciento) y la farmacia se sustenta con un régimen de planificación exhaustivo y un margen que ronda el 27 por ciento, al que se debe descontar las aportaciones obligatorias que hace al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 2000 –a través de cada autonomía-, también por real decreto. Este sistema legal y que en la práctica delimita un mercado muy concreto está enmarcado dentro de uno más grande, el SNS. Sin embargo, es una de sus piezas clave porque la prestación farmacéutica (financiada por las autonomías) será uno de los ejes para definir la sostenibilidad de los recursos sanitarios en el  futuro.

Las administraciones públicas –a través del Ministerio y de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas- financian un amplio catálogo de prestaciones sanitarias pero ¿podrán seguir haciéndolo? Los pacientes deben saber que no es suficiente con manejar una idea ya muy instalada: “La sanidad la pago yo con mis impuestos…”. Esto es cierto, pero cada vez más es necesario ir extendiendo una idea más avanzada y de la que puede depender nuestra salud en los próximos años: “…pero los  recursos que ofrece el sistema son limitados”. Ésta es la proyección de la corresponsabilidad y, en mi opinión, es una de las ideas madre que han tratado de inculcar en la sociedad los ministros y ministras de sanidad que hemos tenido desde 1978. Los pacientes y ciudadanos deben saber que nuestro sistema es de prestación universal, lo que significa que cualquiera que resida en el territorio del Estado, con nacionalidad española o no, tiene derecho a una asistencia sanitaria gratuita básica, a nivel de atención primaria y especializada. Pero incluso, economistas de prestigio como Jaume Puig, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, llevan ya años advirtiendo la necesidad de implantar la aplicación efectiva de la financiación selectiva de medicamentos: “Una financiación indiscriminada no es sostenible y puede amenazar el estado de salud”.
 Dentro de la gran estructura sanitaria que es el SNS, las farmacias –donde cabe incluir a los mayoristas, pues las farmacias, a través de cooperativas, son dueñas de un 80 por ciento de la distribución-, y la industria juegan un papel clave: la primera dispensa y asesora en salud a partir de las recetas que le llevan los pacientes y la segunda hace posible los tratamientos a través de la investigación, soporta precios intervenidos y fabrica los medicamentos. La nueva Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Legurm), que sustituye la a Ley 25/1990 del Medicamento, ha venido a respaldar este escenario.
 Sin embargo, este sector donde las leyes del mercado tienen bastantes peculiaridades –tanto en la oferta como en la demanda-, puede sufrir bastantes cambios en un futuro próximo y el Derecho jugará en esto un papel fundamental. Éstos pueden ser los siguientes: la Comisión Europea ha pedido a España en el marco de un procedimiento sancionador que adapte la legislación de farmacias al principio de libertad de establecimiento, en otras palabras, que introduzca factores tendentes a la liberalización; el sector de la Distribución farmacéutica ya está sufriendo cambios influido por la industria que, poco a poco, quiere influir más en este eslabón de la cadena con nuevas políticas de suministro e, incluso, precios, y sobre la propia industria farmacéutica se cierne el horizonte un tanto incierto para ella que puede suponer la financiación selectiva de medicamentos (a medida que pasen los años, el sistema puede dejar de pagar cada vez más fármacos, lo que podría provocar una reducción paulatina del número de recetas emitidas por el sistema público), teniendo en cuenta que ya soporta el sistema de precios de referencia.

¿Y el Derecho qué puede pintar aquí? Pues mucho. En primer lugar, la defensa del modelo de farmacia ante Bruselas tiene toda la pinta, al menos a día de hoy, de sustentarse en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo. Ello, evidentemente, introduce un factor de incertidumbre en la situación actual que, de hecho, ya está notando el mercado. En segundo lugar, cualquier modificación de las condiciones que afecten a las políticas de suministro de medicamentos deben tener como referencia el mandato de la Legurm: “El Gobierno velará por preservar el derecho del almacén mayorista a ser suministrado por los laboratorios”. Es decir, habrá  que contar con todos ellos, no será posible prescindir de algunos. En tercer lugar, “la financiación selectiva y no indiscriminada” de medicamentos, incluida en el artículo 89 de la Legurm, probablemente contará con un real decreto que introducirá nuevos factores en la prestación farmacéutica del sistema público, norma que no podrá introducir desigualdades en el sistema, lo que incidiría en el artículo 14 de la Constitución, y tampoco incluir elementos de opacidad.
 Las administraciones públicas, el Estado y las autonomías, deberían ir enviando poco a poco un mensaje más claro a los pacientes: “No se le  puede pedir todo al sistema”. Ello ayudará a conseguir la sostenibilidad y facilitará la introducción de las correcciones necesarias para el SNS.