Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

La Vanguardia

Isabel Vallejo Díaz, Presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE)

Liberalización Farmacéutica: ¿Hablamos de Salud?, ¿o de Bolsa?...

Finalizada la polémica tramitación de la  Ley de  Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios, el sector farmacéutico sufre una nueva convulsión tras tener conocimiento del “Dictamen Motivado” remitido a España desde la Comisión de Comercio Interior de la Unión Europea. A través del citado Dictamen, que supone la segunda fase del procedimiento de infracción, se nos conmina a modificar nuestra legislación farmacéutica en el ámbito de la apertura y gestión de las oficinas de farmacia. Bruselas nos da un  ultimátum para liberalizar y eliminar las restricciones legislativas en materia de ordenación y planificación farmacéutica por considerar que vulneran los principios de libertad de establecimiento, no discriminación y libre circulación de capitales,  recogidos en el  Derecho Comunitario.
 
Es decir, que además de eliminar un sistema que históricamente ha demostrado su eficacia y que los datos sitúan como uno de los mejores de Europa, pretenden que la apertura de una farmacia responda a “razones de mercado” frente a las “razones de salud pública”, primando así los intereses económicos por encima de los sanitarios. En caso de que la UE siga adelante con el proceso, podríamos llegar a la grave situación de otros países, en los que la entrada de otros agentes económicos ha originado la  concentración de  las farmacias en cadenas.

Desafortunadamente, en ellas prima el abaratamiento en la gestión  y  la renta de posición en la apertura, quedando la accesibilidad  relegada a un segundo plano y las poblaciones rurales, desabastecidas. En esos casos, no es “prestar un servicio” el que guía, sino que es “el capital” el que marca la pauta de comportamiento.

Ante esta posibilidad, que podría desmoronar uno de los pilares básicos de la cadena sanitaria, nuestro modelo está siendo defendido desde numerosos frentes; todos los grupos e instituciones que conocen bien nuestro sistema y sus resultados se han mostrado contrarios a esta injerencia. Los numerosos informes  elaborados ponen de manifiesto que nuestro país, no sólo no incumple el derecho comunitario en la materia, sino que sus disposiciones legales están justificadas por objetivos de protección de la salud y son necesarios y proporcionales para conseguir los objetivos propuestos.

Según declaraciones realizadas tanto por la Ministra, como por otros Miembros del Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del informe presentado en Bruselas, se ha realizado una firme defensa del sistema, destacando los excelentes resultados que ofrece en cobertura, calidad del servicio, satisfacción de los usuarios y protección de la salud, así como la adecuación al derecho de la normativa nacional y autonómica.

Asimismo, desde FEFE también estamos colaborando activamente en la defensa de lo que consideramos más razonable y lo que es más importante, lo mejor para la sociedad. Nuestra farmacia, tal y como funciona hoy  en día, responde a un modelo social con base jurídica sólida, que no ha sido cuestionada ni por los usuarios ni por las Administraciones  y que pone de manifiesto la fortaleza de nuestra posición y la debilidad de los argumentos empleados por la Comisión.

Frente a la acusación de Bruselas de que nuestro modelo incumple la normativa europea, al no aplicar criterios de liberalización a las farmacias, el Derecho Comunitario otorga a los Estados competencias para regular la distribución geográfica de oficinas de farmacia y monopolios de dispensación, por lo que no está cometiendo ninguna irregularidad en la materia. Por otra parte, las instituciones comunitarias no pueden, hoy por hoy, armonizar en materia de apertura y cierre de oficinas de farmacia. Así es que, después de un análisis pormenorizado de este Dictamen de la Comisión Europea, realizado con la colaboración de reconocidos juristas,  cabe destacar que no responde a prioridades sanitarias pese a que, según la jurisprudencia de la CE, las razones sanitarias deben de prevalecer sobre las de mercado interior. 

A día de hoy, somos mayoría los ciudadanos europeos que disfrutamos de un servicio farmacéutico ordenado y planificado en el que la titularidad está en manos de los farmacéuticos y donde todos los medicamentos, incluidas las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFPs), se encuentran en las oficinas de farmacia. Por ello, desde aquí nos sumamos a las palabras de la Ministra de Sanidad: ¿“por qué cambiar lo que funciona”?
 Nuestra Constitución,  con vistas a garantizar el acceso al medicamento en condiciones de igualdad efectiva y de calidad en el servicio, junto con las Comunidades Autónomas y conforme a los límites de la ley básica estatal, ordenan las oficinas de farmacia basándose en criterios de planificación territorial. En consecuencia, se ha logrado una gran capilaridad del tejido farmacéutico en un país cuya densidad de población es muy inferior a la media de la Unión Europea.

Nuestro sistema descentralizado adecua la red de farmacias a las necesidades de la población, primando el criterio de atención sanitaria. Por tanto, el rechazo a la liberalización que trata de imponernos Bruselas y la reivindicación de mantener el modelo actual no responde al interés del farmacéutico, sino a razones de salud pública. En este contexto, liberalización no implica crecimiento ni desarrollo, sino pérdida de calidad para los usuarios.
 Además, en nuestro país se ha logrado mantener el precio del medicamento entre los más bajos de Europa, lo que permite su financiación al 90%. Estos objetivos son absolutamente esenciales para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un sistema al servicio de la universalidad y la equidad de la protección sanitaria.

Estamos hablando de una cuestión que va mucho más allá de los intereses de un colectivo concreto. Estamos hablando de la salud pública. Por ello, defendemos la unión de la propiedad-titularidad frente a una posible integración vertical u horizontal en el sector, que lleva pareja la pérdida de la independencia profesional del farmacéutico. Trabajamos para que prevalezcan los criterios de planificación y mantener así la accesibilidad, tanto en las zonas rurales como urbanas e impedir que abrir una oficina de farmacia sea un acto meramente comercial. Demostraremos que la liberalización del sector no lleva a una mayor competencia, sino a un encarecimiento de los precios y, por tanto, a un problema en las políticas de contención del gasto farmacéutico.

En definitiva, nuestra normativa de apertura y cierres de farmacia y su titularidad no trata de regular un “mercado”, sino de “prestar un servicio” y tal normativa se encuentra justificada por razones imperiosas de salud pública e interés general. No lo olvidemos, hablamos de salud, no de Bolsa.