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La Vanguardia

Entrevista a Isabel Adrover, socia de Ortega Adrover

El despacho Ortega Adrover, ubicado en Mallorca, está especializado en Derecho de propiedad y Derecho de empresa

“Es perverso que se exija el pago de las tasas judiciales sobre la cuantía del IVA”

Ortega Adrover, fundado en 1985, opera en el ámbito territorial de todas las Islas Baleares, desplazando profesionales, como mínimo una vez cada mes y cuando es necesario para tratar temas en ellas, a cada una de las Islas de Menorca e Ibiza, aparte de su actuación en todo el territorio  de Mallorca. 
Con todo, por las peculiaridades de la Isla, el despacho se ha internacionalizado. Para ello cuentan con personal nativo de Alemania, Inglaterra y Rusia, que realizan una labor inestimable en este campo, además de atender a sus clientes en francés e italiano. 
 
-¿Cuáles son sus áreas de especialidad? 
Al estar situados lejos de Palma, centro neurálgico de las islas, y de los grandes centros de negocio, la especialización de un despacho como el nuestro es muy complicada. Al principio debes asumir una gran variedad de temas, si bien siempre acabas desembocando a una cierta especialización, que no decides tú mismo, sino que son los clientes los que te llevan a ella. 
Nuestra área judicial de trabajo más importante es el derecho de propiedad, junto con el derecho de empresa. Los litigios más frecuentes versan sobre derechos reales, títulos de propiedad, además de reclamaciones por facturas impagadas, reclamaciones a propietarios morosos de comunidades de propietarios, sin descuidar temas referidos a divorcios y derecho de familia. Además, debido a la situación de crisis económica actual, se han incrementado de forma notoria los casos de concursos de acreedores interpuestos por nuestro despacho. 
Al estar en una isla y asesorando a un gran cliente muy peculiar, hemos desarrollado la especialidad en materia de derecho administrativo, aeronáutico y aeroportuario, al que nos dedicamos desde hace más de veinte años. 
Cabe recalcar que nuestro despacho se halla en una zona con un gran volumen de propiedades en manos de no residentes y, con la implantación de los grandes cambios fiscales, empezamos a asesorar a ciudadanos extranjeros para regulizar la situación tributaria de sus propiedades en España, asumiendo su representación fiscal. Ello desembocó en el asesoramiento en las operaciones de adquisición y transmisión de dichas propiedades en nuestro país. Cala d’Or, y toda Mallorca, han sufrido en los últimos cuarenta años un boom turístico, y son muchos los extranjeros, sobre todo alemanes e ingleses, que han adquirido viviendas como segunda residencia. 
Desde el punto de vista fiscal, y dada la multi-nacionalidad de nuestros clientes, y sus operaciones con sus territorios de origen, con sus consecuentes conflictos tributarios, nos hemos desarrollado en materia de derecho fiscal internacional, con referencias constantes a la normativa Europea y a los convenios de doble imposición. 
Además, nos encargamos de administrar Comunidades de Propietarios, con el valor añadido de que el propietario puede encontrar todos los servicios concentrados en una única oficina. 
Hemos desarrollado también la especialidad en derecho de sociedades, asesorando a pequeñas empresas dedicadas a un amplio abanico de actividades, incluidas las patrimoniales. 
 
-¿Cuáles cree que son los principales problemas de la Justicia? 
El partido Judicial de Manacor, el competente en la zona geogràfica del bufete Ortega Adrover ha mostrado graves carencias de dotación de personal durante los años que llevamos ejerciendo. En opinión de Isabel Adrover, “últimamente ha mejorado sensiblemente la eficacia pero, durante muchos años, hemos arrastrado gravísimos retrasos, no siendo extraño tener casos abiertos durante más de diez años, lo cual hace que la justicia no se perciba como tal por el cliente”. En cuanto a las tasas judiciales “han sido un duro golpe a los derechos de los ciudadanos. Muchas reclamaciones ni se plantean ante los tribunales por falta de recursos económicos del cliente. Especialmente los recursos de apelación han quedado restringidos a personas con posibles y a empresas muy solventes. Las tasas son intrínsecamente injustas y no solo por su cuantía, dado que un ciudadano que interponga un recurso de apelación y gane el recurso, nunca verá restituidas las tasas pagadas por la apelación que se acredita procedente. Además, es perverso que se exija el pago de las tasas judiciales sobre la cuantía del IVA, que es una cantidad que ha recaudado el empresario para el Estado, y que para recuperarlo tiene que pagar tasas judiciales al mismo Estado, a quien ya ha adelantado ese IVA.”
 
-¿Cuáles son los proyectos de futuro del despacho? 
La incorporación de la segunda generación de profesionales al despacho, nuestras hijas, una abogada y la otra economista-asesora fiscal, implica asumir nuevos retos. Básicamente queremos consolidar la expansión territorial en todas las Islas Baleares, además de ampliar la red de colaboradores en el resto del territorio nacional, como ya hacemos con Alemania y Reino Unido, y otros países donde tenemos contactos fiables con  profesionales del derecho y economistas. La fiabilidad del cliente y de los colaboradores internacionales es esencial cuando se trabaja con inversiones extranjeras, para evitar riesgos, como podría ser el blanqueo de capitales. 
Mantener un equipo de profesionales, catorce personas, cinco de ellas abogados y una economista, en un despacho de una localidad como Cala d’Or, con un número de residentes fijos que apenas supera los 3.000 habitantes, es un gran reto que exige un gran esfuerzo de constante innovación, atención a las necesidades de los clientes y formación continuada en todas las novedades legislativas. Todo ello solo puede ser llevado a cabo si existe un gran compromiso personal por parte de todos y cada uno de los que conforman nuestro equipo. 

 

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