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La Gaceta de los Negocios

María Fernández Molinero y Marcos Araujo, Garrigues

Nuevo marco comunitario de control de la financiación de los servicios de interés económico general

Este verano la Comisión europea ha dado a conocer los nuevos textos legislativos que ha adoptado en relación con la financiación de los denominados “servicios de interés económico general”. Se trata de una Decisión y de unas Directrices sobre ayudas estatales bajo forma de compensaciones por servicio público, así como de una modificación de la Directiva 80/723/CEE sobre transparencia de las relaciones financieras entre Estados miembros de la UE y empresas públicas. Estas normas entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque los Estados miembros dispondrán de un año para transponer el contenido de la Directiva a su Derecho interno.

El  término “servicios de interés económico general” (SIEG) se viene empleando en la práctica comunitaria para designar aquellos servicios de naturaleza económica a los que los Estados miembros o la UE imponen obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general, que justifica la concesión de beneficios económicos. Esta técnica se emplea principalmente en grandes industrias de redes (transporte, radio y televisión, comunicaciones, energía, servicios postales, etc.).
 Ciertamente, los Estados miembros de la UE disfrutan de un amplio margen de discrecionalidad para calificar un determinado servicio como tal, así como para decidir cómo financiar su prestación. En efecto, la armonización comunitaria en esta materia es mínima, pues estamos ante un componente clave del Estado de bienestar europeo en el que las divergencias sociales y culturales de los diferentes Estados miembros son evidentes.

La disciplina de la financiación pública sobre estas empresas se ha basado tradicionalmente en el artículo 86.2 del Tratado CE, que prevé la aplicación a las empresas públicas y titulares de derechos especiales o exclusivos de las normas comunitarias, incluidas las de competencia y ayudas estatales, pero siempre que “la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas (las empresas) confiada”, y a que el desarrollo de los intercambios comunitarios no quede “afectado en forma tal que sea contrario al interés de la Comunidad”. La equívoca redacción de este precepto, junto con la copiosa y complicada jurisprudencia comunitaria existente en la materia, han creado tradicionalmente una confusión – en los operadores y en la propia Comisión europea – en torno a la financiación de los SIEG, en particular con relación a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales. Ésta pretende evitar que determinadas empresas puedan beneficiarse de ventajas concedidas por los poderes públicos y que no son concedidas al resto de los operadores económicos.
 El problema – al que intentan dar solución las nuevas normas adoptadas por la Comisión — se plantea a la hora de determinar si las compensaciones otorgadas por los poderes públicos a los operadores prestatarios de SIEG se limitan a cubrir los recursos necesarios para ello, o bien esconden un exceso de compensación que entraría bajo el ámbito de aplicación de la normativa de ayudas estatales. Pero la línea que separa aquí lo permitido de lo ilegal es delgada y difícil de definir.
 En la conocida sentencia Altmark de 24 de julio de 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció que la financiación a empresas de SIEG no constituiría ayuda de Estado siempre que concurriesen los siguientes requisitos cumulativos: (i) que la empresa beneficiaria estuviera efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, que debían  estar claramente definidas; (ii) que los parámetros para el cálculo de la compensación se hubieran establecido previamente de forma objetiva y transparente; (iii) que la compensación no superara el nivel necesario para cubrir los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público; y (iv) que la elección de la empresa encargada se hubiera realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, o en caso contrario, que el nivel de la compensación necesaria se calculase sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media habría soportado para ejecutar estas obligaciones.

Las normas ahora adoptadas buscan dotar de la necesaria flexibilidad a estos criterios, al menos con relación a las subvenciones de menor importancia. En particular, la Decisión eximirá de la obligación de notificar las compensaciones inferiores a 30 millones de euros al año concedidas a empresas cuyo volumen de negocios en los dos años precedentes a la asignación de la obligación de servicio público sea inferior a 100 millones de euros. Se excluye de la necesidad de notificación a las compensaciones otorgadas a hospitales y entidades de vivienda social que presten SIEG, sea cual sea la cantidad de las mismas. Por último, se establecen exenciones para las compensaciones al transporte aéreo y marítimo a islas (cuya media de volumen de tráfico anual durante los dos años anteriores a la asignación de los SIEG no superen los 300.000 pasajeros), así como para las compensaciones a aeropuertos y puertos (cuya media de volumen de tráfico anual durante los dos años anteriores a la asignación de los SIEG no supere el millón de pasajeros en el caso de los aeropuertos, y 300.000 pasajeros en el caso de los puertos).

Por su parte, las Directrices están pensadas para orientar en la financiación a gran escala de los SEIG, por lo que no eximen de la obligación de notificación. Proporcionan los criterios necesarios para que estas compensaciones de servicio público, ya que no escapan de la calificación de ayudas, sean al menos compatibles con el Tratado CE.

Por último, la Comisión propone modificar la Directiva que obliga a los Estados a suministrar información sobre la situación financiera de las empresas públicas y asimiladas, también conocida como “Directiva de Transparencia”. La modificación impone a las empresas públicas o empresas con derechos exclusivos o especiales la obligación de mantener una contabilidad separada entre las actividades de servicio público y las normales de mercado, con independencia de si las compensaciones constituyen o no ayudas de Estado. La Directiva facilitará el trabajo para la Comisión, pues permite comprobar que no existen, por ejemplo, subvenciones cruzadas, tan frecuentes en la financiación de determinados SIEG.

Como manifestó la Comisaria Kroes en la rueda de prensa de presentación de esta reforma, la publicación de estas medidas constituye un primer paso en lo que ya se adivina como un proceso de revisión en profundidad de la política comunitaria sobre ayudas estatales, señalada como máxima prioridad en diversas ocasiones. Este primer paso parece ir en la dirección adecuada: una clarificación más que bienvenida del régimen de control de las empresas encargadas de SIEG que asegure que su financiación no se emplea para finalidades distintas a las que la justifican. A la vez, este “paquete” formativo permitirá a la Comisión concentrarse en otras cuestiones relacionadas con subvenciones públicas en la Europa de los 25.
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El  término “servicios de interés económico general” (SIEG) se viene empleando en la práctica comunitaria para designar aquellos servicios de naturaleza económica a los que los Estados miembros o la UE imponen obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general, que justifica la concesión de beneficios económicos.