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La Gaceta de los Negocios

Fernando Alandete Gordó, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Procurador de los Tribunales versus Licenciado en Derecho

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 17 de junio de 2005 hecha pública el 8 de Agosto del presente año, establece la nulidad del Artículo 8, Apartado C, del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España aprobado en su día mediante Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre, donde se establecía la necesidad de estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho para el ejercicio de la referida actividad profesional, pues dicho Estatuto al ser en su día aprobado mediante Real Decreto en lugar de por Ley, venía a contravenir expresamente la regulación establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando en su Artículo 439 no tiene fijado expresamente ningún requisito de exigencia en cuanto a la obligatoriedad de tener la Licenciatura de Derecho para ejercer la función de Procurador de los Tribunales.

Obviamente, y desde un aspecto de técnica estrictamente jurídica, y como opinión personal del redactor del presente artículo, la resolución de nuestro Alto Tribunal, resulta correcta y acertada, pues una Ley Orgánica es de rango superior al Real Decreto por el que fue aprobado en su día el Estatuto de los Procuradores, y por lo tanto éste no puede establecer un mayor nivel de exigencias que las establecidas por  la normativa de mayor rango.
Pero desde un punto de vista lógico, coherente, racional, exigente y sobre todo de competencia profesional que ampare al usuario de la Justicia –en principio toda la Sociedad-, requiere que de forma inmediata, se proponga la pertinente modificación legislativa para corregir semejante despropósito y se establezca la exigencia de estar en posesión del título académico de la Licenciatura de Derecho para el ejercicio de la actividad profesional de Procurador de los Tribunales.
Lo que ya quita de contenido a las criticas que la figura del Procurador entraña por su costo, es que los Derechos que su intervención genera, vienen establecidos en concepto de aranceles, y por lo tanto los fija el propio Ministerio de Justicia mediante su aprobación dentro del Consejo de Ministros y con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, están sometidos al control gubernamental, y por lo tanto, no pueden ser fijados arbitrariamente por los propios Procuradores ni por sus órganos de representación.

La Procuradoría es, por tanto necesaria y útil, y además requiere su intervención profesional, de necesarios, amplios y suficientes conocimientos en el ámbito jurídico, que sólo pueden ser garantizados mediante la Licenciatura de Derecho. Por lo tanto, debe dársele una solución rápida promoviéndose de forma inmediata a la consiguiente reforma legislativa para evitar que una profesión de tanta importancia en el ordenamiento jurídico se le prive de una garantía formativa suficiente, contrastada  y de amplitud, que sólo puede alcanzarse en el ámbito universitario.

Pero incluso personalmente, y como Abogado en ejercicio con una amplia experiencia profesional, estimo que la nueva LEC ha sido tibia a la hora de dotar de un mayor contenido, función y medios a la figura del Procurador; desde hace muchos años, el ejemplo a seguir es el sistema francés, donde la figura del Procurador es esencial dentro de la ejecución de la Sentencia, y a él sólo compete el que el cumplimiento de las Sentencias dictadas en el  ámbito civil, tengan efectividad y eficacia, dotándole  de la autoridad necesaria para tal fin y liberando a los propios Tribunales de un trabajo y de un tiempo que se aprovecha y destina a la función de la resolución más rápida de los procedimientos judiciales. Y a ese sistema, que ha demostrado ampliamente su eficacia, deberíamos decantarnos en nuestro país.