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La Vanguardia

Arturo Codina, Fundador de Codina-Cavestany, Abogados Asociados

Sobre la Ley Concursal

La vigente Ley Concursal (Ley 22/2003) se ha preocupado por evitar los fraudes y abusos que se habían cometido al albur de la anterior normativa. A pesar del esfuerzo del legislador, la valoración de la norma, tras sus cuatro años y medio de vigencia, no puede ser positiva. La mayoría de concursos acaban en liquidación, y la vía de la Propuesta Anticipada de Convenio no ha cumplido las expectativas previstas. La Ley Concursal ha fracasado en su objetivo principal, esto es, la aprobación de un Convenio que permita la viabilidad de la empresa.
 
El pasado 27 de marzo el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 3/2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, “ante la evolución de la situación económica”. Lo cierto es que ese “paquete” de medidas en materia concursal, que directa o indirectamente persigue facilitar la aprobación de Convenios concursales, llega de forma tardía e incompleta. Durante todo el tiempo de vigencia de la Ley 22/2003, desde septiembre de 2004 hasta la actualidad, son muchas las empresas que se han quedado por el camino, finalizando en liquidación, haciendo patente las diversas carencias de la norma.

El entramado empresarial catalán está mayoritariamente constituido por pymes de origen familiar, en las que coincide en el accionista mayoritario la condición de Administrador único o miembro del órgano de Administración. No resulta extraño que sea este accionista mayoritario/administrador quien avale los préstamos, créditos y Pólizas de Descuento frente a las entidades bancarias. En este escenario, la situación del pequeño empresario deviene crítica a la luz de la vigente Ley Concursal. Si existe sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones, debe necesariamente presentar el concurso, corriendo el riesgo de que todas las entidades bancarias se dirijan contra sus bienes en ejecución de esos avales. Si no tiene medios para pagar o negociar con las entidades bancarias acabará perdiéndolo todo, la empresa y su patrimonio personal, que acabará ejecutado por las entidades financieras. La consideración de forma automática como subordinados (esto es, créditos postergados en su cobro) a los créditos de los administradores y socios de la compañía titulares del más de un 10% del capital supone un grave perjuicio para el pequeño empresario, quien ve de muy difícil recuperación sus ahorros invertidos en la Compañía. Si procede, cuando puede, al pago de los avales solidarios frente a los bancos para evitar perder su domicilio familiar y conyugal, de nuevo vuelve a verse castigado con la subordinación. Los criterios legales de subordinación automática y objetiva, (arts. 92.5 y 93 LC), deberían eliminarse y analizarse caso por caso la situación de esos préstamos/créditos de los socios y administradores de las pequeñas y medianas empresas. No debería tener el mismo tratamiento el préstamo de una sociedad de capital riesgo que apuesta por la rentabilidad de su inversión cuando adquiere acciones de una gran empresa que el préstamo del socio/administrador que pone sus ahorros, a veces hipotecando su casa, para financiar el día a día de la empresa. El reciente Real Decreto-Ley, de 27 de marzo, no mejora en nada esa situación, al contrario, confirma la interpretación que jurisprudencia y doctrina habían realizado del confuso apartado 6 del artículo 87 LC: una vez el accionista, administrador de una pyme asume el pago frente a los bancos en su condición de avalista, se convertirá frente a la concursada en acreedor subordinado, “calificación menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor o  fiador”.  

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