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La Gaceta de los Negocios

Un decreto que puede abocar al sector a una crisis mayor de la esperada

Aser Energía ha promovido un estudio de mercado sondeando la opinión de las empresas ante el nuevo Real Decreto

La nueva regulación incentiva las instalaciones sobre cubierta industrial frente a las que se ejecutan sobre terreno pero lo hace erróneamente al aplicar una burocratización excesiva

El pasado primero de octubre entró en vigor la nueva regulación fotovoltaica a través del Real Decreto 1578/2008. Una legislación necesaria, según todo el sector,  y creada con el ánimo de introducir un crecimiento más ordenado en el mercado. Entre sus aspectos más relevantes destaca la  reducción de las primas que reciben los productores de energía fotovoltaica y la imposición de cupos en cuanto a las nuevas instalaciones. Aun así, la nueva legislación no ha contado con el beneplácito de la mayoría de empresas, y según algunas cifras patronales del sector su aplicación podría acarrear la destrucción de 40.000 empleos y la renuncia a un inversión de 16.000 millones de euros en cuatro años. Ante estas cifras y un mes antes de que se aprobase el Real Decreto Aser Energía contrató un estudio de mercado para averiguar el parecer de más de 500 empresas ante la nueva legislación. 

Los resultados no se hicieron esperar. Primero por el índice de respuesta al formulario de 22 preguntas que se les hizo llegar desde toda España.  Éste superó el 40%, lo que es una cifra excepcional en este tipo de investigación cualitativa. Las respuestas de las empresas refrendaron una clara sensación general, expresando gran preocupación por un posible enfriamiento a corto plazo en un sector con tantas posibilidades de futuro.

Para las empresas cuestionadas por Aser Energía no todo el Real Decreto es negativo. Sin embargo consideran que si bien es una legislación que nace con la intención de incentivar a las instalaciones sobre cubierta industrial frente a las que se realizan sobre terreno, lo hace de forma desacertada. Los puntos de la controversia tienen que ver, según Aser Energía, con la complejidad burocrática que presenta la nueva regulación, así como por la falta de criterio técnico a la hora de segmentar las diversas tipologías de instalaciones. Las instalaciones conectadas a baja tensión, de hasta 100 kW de potencia, deberían tener un tratamiento específico e incentivador. La nueva norma hace que el plazo de tramitación de una instalación se alargue incomprensiblemente de cuatro a nueve meses. Además, la  política de avales es errónea al parecer de Aser Energía. Si bien tiene sentido a la hora de regular los campos solares, supone un freno a la hora de gestionar pequeñas instalaciones domésticas o industriales. Esta medida hará que muchos empresarios decidan no apostar por instalar placas solares en sus cubiertas ya que la inversión en el aval se les hará excesiva y demasiado incierta. Todo ello, según Aser Energía, comportará la reducción de personal, el cierre de muchas empresas y la reestructuración completa del sector, sólo las empresas mejor posicionadas podrán sobrevivir y crecer. En definitiva una regulación que, pese a ser bienintencionada, afecta a la pequeña y mediana empresa del sector y pone en peligro su viabilidad. Ante estos datos Aser Energía, al igual que otras instituciones patronales, está llevando a cabo acciones legales para la revisión de una normativa que puede inducir a una crisis artificial en un sector económico que será estratégico en los próximos años.

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