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La Gaceta de los Negocios

Alberto J. Tapia Hermida, Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid

Los diez mandamientos de las empresas de servicios de inversión

Es de todo punto necesario que los intermediarios que prestan servicios de inversión en los mercados de instrumentos financieros estén sujetos a una regulación y a una supervisión pública eficientes que eviten crisis masivas que dañan los ahorros de cientos, cuando no de miles, de inversores. Esta imperiosa necesidad se ha puesto de manifiesto, recientemente, con ocasión de la vuelta al primer plano de la actualidad de casos como el de Gescartera. Por ello, tiene especial interés dar cuenta de la nueva regulación establecida por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Conviene situar esta nueva regulación en sus coordenadas históricas recordando que el estatuto jurídico europeo de las empresas de inversión y de las entidades de crédito que operan en el mercado de valores experimentó, en el año 2004, una profunda modificación a resultas de la promulgación de la Directiva 2004/39/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, que ha sido modificada y desarrollada por otras normas comunitarias de 2006. La mejor prueba de la importancia práctica de este nuevo estatuto europeo de los intermediarios financieros nos la ofrece el hecho de que los principales bancos y cajas de ahorros españolas implantaron, en noviembre de 2007, de forma voluntaria y antes incluso de que estuvieran legislados en nuestro país, los nuevos instrumentos de protección de los inversores tales como, por ejemplo, los sistemas de clasificación de sus clientes en minoristas o profesionales o de prevención y gestión de los conflictos de interés. Más tarde, en diciembre de 2007, se promulgó la Ley 47/2007 que introdujo una profunda reforma en la Ley del Mercado de Valores para adaptarla a las exigencias comunitarias de la Directiva de 2004. Y ahora, este Real Decreto 217/2008 comparte los principios de la última reforma legal que desarrolla y que son: modernización de los mercados financieros, refuerzo de las medidas de protección de los inversores y adaptación de los requisitos de actuación de las entidades que presten servicios de inversión.

El Real Decreto 217/2008
Partiendo de la base de que es necesario que los intermediarios que quieran actuar en los mercados de instrumentos financieros superen controles de calidad jurídicos y económicos tanto en el momento de acceder a tales mercados como durante su actuación en ellos, el Real Decreto 217/2008 desarrolla los requisitos que deben acreditar ante el Estado las empresas de servicios de inversión -que pueden ser sociedades de valores, agencias de valores, sociedades gestoras de carteras o empresas de asesoramiento financiero- y las entidades de crédito -que pueden ser bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito- que quieran prestar servicios de inversión al inicio de su actividad y durante el desarrollo de la misma. Con ello, se quiere desterrar definitivamente a los “chiringuitos financieros”.

Requisitos
En la primera fase de acceso al mercado de valores, únicamente podrán actuar como empresas de servicios de inversión los intermediarios que hayan sido autorizados por el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la CNMV, regulándose por el Real Decreto 217/2008 tanto los requisitos financieros –con la exigencia de capitales mínimos iniciales adaptados al tipo de empresa de servicios de inversión de que se trate- como los requisitos formales que debe reunir la solicitud de autorización y los documentos que han de acompañarla, con particular atención al programa de actividades y a sus eventuales modificaciones.

En la segunda fase de ejercicio de su actividad en los mercados de instrumentos financieros, las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito deben cumplir una serie de deberes que establece el Real Decreto 217/2008 y que podemos sintetizar en los diez siguientes, los “Diez Mandamientos” a los que nos referimos en el título de este artículo: 1º. Deben establecer una organización interna adecuada, que garantice la salvaguarda de la información disponible, las políticas de continuidad y regularidad en la prestación de sus servicios, los procedimientos de generación de la información financiera exigible, la evaluación periódica de sus mecanismos de control interno y de su función de cumplimiento normativo, los procedimientos y políticas de gestión de riesgos, la auditoría interna  y la responsabilidad de la alta dirección de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. 2º. Deben llevar registros de contratos, de órdenes de clientes sobre instrumentos financieros y de operaciones. 3º. Deben establecer mecanismos de prevención y gestión de dos tipos de conflictos de intereses; los que se puedan plantear entre los interesas de sus administradores, socios, directivos, agentes o empleados y los de otro sujeto que actúe en el mercado o los del mercado en general (se trata del régimen de las denominadas  “operaciones personales”);  y los  que se puedan plantear entre las propias entidades que presten los servicios de inversión y sus clientes (se trata del régimen de los denominados “conflictos de interés” en sentido estricto). 4º. Deben controlar la actuación de las terceras entidades cuando deleguen en ellas funciones y servicios. 5º. Deben contar con sistemas para la protección de los activos de los clientes. 6º. Deben  ser solventes, manteniendo en todo momento los recursos propios mínimos adecuados a los servicios y actividades que presten y al volumen efectivo de su actividad. 7º. Deben clasificar a sus clientes y evaluar su idoneidad y la conveniencia de sus inversiones. 8º. Deben proporcionar a sus clientes –actuales o potenciales- una información imparcial, clara y no engañosa sobre la propia empresa o entidad y sobre los instrumentos financieros. 9º. Deben garantizar la denominada “ejecución óptima (obtención del mejor resultado posible)” de las órdenes que les den sus clientes. 10º. Deben redactar los contratos conforme a los modelos que se establezcan y entregar copia de los mismos a sus clientes.

Logros
En conclusión, la implantación de esta nueva regulación del estatuto jurídico de los intermediarios que operan en los mercados de instrumentos financieros mejorará los niveles de protección de los inversores y la competitividad interior y exterior de nuestra “industria de los valores”. En particular, el cumplimiento de los “Diez Mandamientos” por parte de los intermediarios y su adecuada supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores evitarán que, en lo sucesivo, asistamos a fraudes masivos que erosionan la confianza de los inversores, nacionales y extranjeros.