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La Gaceta de los Negocios

Alfredo Hernández Pardo, Álvaro Hernando de Larramendi Samaniego, Abogados de Estudio Jurídico Ejaso

Cuando burlar la Ley resulta rentable

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se debe asentar el Estado de derecho para su correcto funcionamiento lo constituye, sin duda alguna, el que los tres poderes garanticen que quien infringe la Ley debe ser sancionado y que esa infracción no puede reportarle beneficio alguno. A lo largo de la historia, ha quedado acreditado que en la mayoría de los casos el poder legislativo y el poder judicial van por detrás de los avances de la sociedad y esto permite a determinados actores burlar la Ley y obtener beneficio. En este artículo queremos destacar cómo hoy estos actores, en determinados campos, sociedades anónimas que en muchos casos incluso cotizan en bolsa, pueden haber alcanzado la conclusión de que resulta rentable infringir la Ley.

Derecho al Honor
Una sociedad anónima se debe a sus accionistas y éstos, en su gran mayoría, valorarán fundamentalmente su cuenta de resultados. Pensar otra cosa sería cerrar los ojos a la realidad. Sentado lo anterior y dentro de alguno de los campos en los que nuestro despacho está especializado, queríamos llamar la atención sobre dos supuestos en los que lo que hemos referido anteriormente resulta incluso escandalosamente probado.

En primer término, queremos señalar como ejemplo el abuso que determinadas sociedades de telecomunicaciones han venido realizando, infringiendo de modo reiterado y consciente el derecho al honor y la intimidad de un buen número de personajes públicos. La Ley 1/82, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, recoge que la indemnización guardará proporción con el daño ocasionado, con el alcance de la vulneración, y con el beneficio obtenido por el causante del daño. Ahora bien, si el criterio que se sigue para aplicarla es medir y comparar el honor con el valor de una pierna o incluso la vida de una persona para una compañía de seguros, estaremos infrautilizando los mecanismos de los que nos hemos dotado y propiciaremos que el infractor infrinja una y otra vez, pues su infracción le resulta más que apreciable para su cuenta de resultados. Hasta que la infracción no suponga una sanción al menos equiparable al beneficio obtenido, las sociedades anónimas pondrán en la balanza el importe de la sanción y el beneficio obtenido con la misma. Quien piense lo contrario se equivoca.

Derecho de la Libre Competencia
El campo donde, sin duda, lo que hemos manifestado resulta más relevante es el derecho a la libre competencia. En este terreno se produce una paradoja; Bruselas y Madrid aplican la misma normativa y en principio los mismos criterios. Más aún desde el Reglamento 1/2003. El resultado, a la hora de fijar las cuantías de las sanciones, no puede ser más descorazonador. La Comisión Europea, recientemente, ha sancionado a REPSOL y CEPSA por participar en un cártel de betunes y asfaltos (derivados secundarios del petróleo) con multas de hasta 80 millones de euros, y ha instado a los terceros perjudicados a que reclamen daños y perjuicios. A esos mismos dos actores, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia les impuso, por fijar los precios en gasolinas y gasóleos (principales productos de los derivados del petróleo), una multa que apenas alcanzó los tres millones de euros y que no alcanzará  ni a una milésima parte del beneficio obtenido por estas empresas, infringiendo las normas nacionales y comunitarias de competencia. La desproporción es evidente.

En cualquier caso, está por desarrollarse en la UE, y por supuesto en España, lo que entendemos puede llegar a ser la acción más disuasoria para evitar las infracciones de las sociedades en este terreno: el resarcimiento de daños y perjuicios a los afectados por la comisión de estas infracciones (Reglamento 1/2003, Considerando 7, posteriormente desarrollado en la Comunicación de 27-04-04, apartado 10). Cuando los particulares afectados utilicen los medios que dichos textos articulan para iniciar reclamaciones frente a estas sociedades, se evitará que quien infrinja la Ley obtenga beneficio de la citada infracción. Entendemos como despacho que éste será un campo sobre el que un buen número de letrados desarrollará su actividad en los próximos años.

Los poderes públicos no sólo deben legislar y aplicar los legislado en estos supuestos, sino que se hace necesario el que colaboren en la difusión de los derechos que los ciudadanos tienen para facilitar el que estos ejerciten los mismos y esta será la mejor manera de evitar el enriquecimiento de quienes infringen y propiciar unos mercados más abiertos y competitivos en beneficio de todos.

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