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La Gaceta de los Negocios

Entrevista a Emiliano Garayar y Gervasio Martínez-Villaseñor, Socios de GARAYAR ASOCIADOS

"La financiación privada de proyectos públicos es un mercado en explosión"

La estabilidad del marco jurídico es esencial para la financiación privada de proyectos públicos y la consolidación del desarrollo de las energías renovables

El asesoramiento a entidades del sector público, o agentes privados en sus relaciones con aquéllas, y a empresas energéticas son las áreas de práctica por las que GARAYAR ASOCIADOS cuenta con un mayor reconocimiento y en las que se apoya la extensión a otras de su modelo de abogacía a medida, de alto valor añadido, muy comprometida con el cliente y orientada a resultados.

¿Qué está ocurriendo para que se muestre tan dinámico el mercado de la energía, en relación a la regulación y la adaptación de las grandes empresas?
Se está produciendo un proceso de decantación lógico en mercados regulados en los que los esfuerzos liberalizadores acaban traduciéndose en procesos de consolidación empresarial, a lo que ha venido a unirse la preocupación por la seguridad del suministro.
 
¿Qué cambios están impulsando el desarrollo de las energías alternativas?
Uno de los factores fundamentales se encuentra en las primas que perciben los productores, si bien para el mantenimiento de ese desarrollo es esencial la seguridad jurídica, un marco normativo estable que permita invertir en proyectos a largo plazo, aspecto que no es del todo óptimo en España. Son inversiones que vienen afrontándose con financiación ajena y por ello la aparición de incertidumbres regulatorias supone un reto para todos los agentes, incluidos los asesores de inversores y financiadores.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en financiación privada de proyectos públicos? ¿Qué ventajas aporta su desarrollo tanto a lo público como al inversor privado?
Hay que tener en cuenta que se trata de un mercado que más que en crecimiento está en explosión; ello responde, en el caso de España, a dos coyunturas principales. En primer lugar, el rigor presupuestario, que invita a las administraciones autonómicas y del Estado a acudir a nuevas fórmulas para la provisión de las infraestructuras, que aún no están al nivel de los países más desarrollados. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que España está experimentando una sustancial reducción de las aportaciones que provenían de los fondos comunitarios. A ello se añade que tres de las cinco mayores empresas de construcción del mundo son españolas, por lo que existe el máximo interés en que en un momento de menor crecimiento de la construcción la obra civil tire del mercado.

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Lo privado en lo público

El marco normativo español no está plenamente desarrollado para facilitar que se alcance todo el potencial existente en materia de proyectos público-privados o la financiación privada de proyectos públicos. Como apuntan Emiliano Garayar y Gervasio Martínez-Villaseñor, “hasta ahora, salvo en el ámbito concesional, todo es territorio por descubrir. Actualmente hay un desencaje entre el modelo ideal y el modelo factible, porque se pretende preservar la posición de la Administración, pero debe evitarse que la normativa haga imposible lo que es imprescindible, y acabe por matar el mercado”.

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